Las agrupaciones de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos emitieron una declaración en la que manifestaron su “repudio” por la “maniobra política de los parlamentarios (de derecha) que busca descabezar el Instituto Nacional de Derechos Humanos”.
El miércoles 3 de julio fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados la solicitud de remoción de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, y del consejero del mismo organismo, Francisco Ugás, iniciativa que fue propuesta por las bancadas de Chile Vamos (RN, UDI y Evópoli) y cuya tramitación continuará en la Corte Suprema.
Para la organizaciones, “este tipo de maniobra busca limitar la autonomía del instituto para impedir que su actuar se base estrictamente en los estándares de derechos humanos”.
“Nos encontramos en un período en que el negacionismo más desembozado impacta la opinión pública y se hace cómplice de la impunidad en nuestro país, impulsando leyes o indicaciones en proyectos de ley para dejar en libertad a los criminales de lesa humanidad, reponer la jurisdicción de la Justicia Militar en casos que afectan a civiles”, dice la misiva.
Las agrupaciones señalaron que “a este accionar se suma el negacionismo de los crímenes y violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante el estallido social; respaldando a los funcionarios policiales involucrados en ellas, incluso incorporando a algunos de ellos en sus plantillas electorales”.
Asimismo, destacaron que el “Instituto Nacional de Derechos Humanos es el organismo de prevención y defensa de los derechos humanos contemplado en los tratados firmados por Chile”.
“Su creación fue producto de la lucha del movimiento por los derechos humanos y a requerimiento de los organismos internacionales encargados de supervisar el cumplimiento de los tratados. Su creación fue un momento en que el país dio un gran paso para avanzar hacia una sociedad en que la verdad, la justicia y la convivencia democrática sean una realidad para la totalidad de los habitantes de este país”, consigna el comunicado.
Por ello, las agrupaciones de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos sostienen que el “INDH ha estado bajo cuestionamiento por parte de los sectores cuyo interés es que este país siga siendo un país desigual, con impunidad de los poderosos y con la mayoría de la población impotente ante los abusos”.
“El INDH está llamado a jugar un rol importante en defensa de las personas desprotegidas ante la arbitrariedad de los agentes del Estado en momentos en que se violan sus derechos humanos, como podemos constatar en el caso de los jóvenes conscriptos expuestos al maltrato físico y sicológico en su entrenamiento militar en Putre, que terminó con la muerte de Franco Vargas, o en los casos de miles de personas que fueron reprimidos brutalmente durante el estallido social con el resultado de una enorme cantidad de muertes, mutilaciones y lesiones graves”, destacaron.
En tanto, los familiares reiteraron su repudio a “la operación política de remoción en contra de la directora Consuelo Contreras y el consejero Francisco Ugás Tapia, que va dirigido al INDH que también afecta a los trabajadores y las trabajadoras del organismo que trabajan día a día para construir una sociedad con la plena vigencia de los derechos humanos”.
