Como ya es costumbre, el distrito Piura se encuentra inundado por aguas servidas desde hace varios días. Desde el sector Pachitea hasta el asentamiento humano 18 de Mayo se registra el colapso de desagües que dejan al descubierto, una vez más, una de las más grandes problemáticas que tiene la ciudad.
Ante las diversas quejas de la población, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) inspeccionó la intersección de las avenidas Sullana y Sánchez Cerro, donde se interviene uno de los buzones afectados. En la zona, la jefa de la Sunass, Irina Palomino, reveló que el colapso masivo ha afectado a más de 24 mil personas, quienes aseguraron padecer de fuertes dolores de cabeza por el olor nauseabundo que soportan.
"Hemos identificado que se ha socavado en un radio de 4 metros, esta afectación ha sido en la derivación del dren Sullana, estimamos entre 5 mil a 6 mil unidades de familias, que son más de 24 mil personas", manifestó Palomino.
En ese sentido, la Sunass explicó que inició sus acciones de fiscalización ante la complejidad del caso. De esta manera, podrán determinar responsabilidades para evaluar el inicio de un procedimiento sancionador.
Sobre ello, reveló que, hasta la fecha, la EPS Grau acumula más de 5 millones de soles en multas, que se encuentran en la etapa de coacción. "No es que Sunass tenga una atribución de estar atrás de la EPS Grau para sancionar, sino que es el mismo usuario que presenta su problema y, si ellos no atienden a tiempo las necesidades del usuario, nosotros vamos a tener que cumplir con nuestro deber", explicó.
Posteriormente, Irina Palomino detalló que se ha iniciado la reparación del buzón, que debería estar listo en un plazo de 2 días. A partir de esa fecha, se iniciaría con el relleno de la cangrejera, por lo que se ha restringido el tránsito en esta zona.
En días previos, el defensor del pueblo, César Orrego, realizó un recorrido por las zonas que presentan el colapso y exhortó a las autoridades locales, regionales y centrales a articular para brindar una solución inmediata al pueblo. "Es una grave afectación a los derechos fundamentales, a la vida digna. Así que, si no se hace un trabajo conjunto entre el Gobierno Central, Regional y Local con la EPS Grau para programar cuáles van a ser las inversiones para los próximos 3 o 5 años, vamos a seguir así", enfatizó.
Asimismo, Orrego aseguró que la EPS Grau es la empresa más quejada durante los últimos cinco años, acumulando más de 450 casos, de los cuales más de 60 corresponden al último año.
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