El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció el último miércoles 26 que el Gobierno enviará una comisión de alto nivel a La Haya para defender a la presidenta de la República, Dina Boluarte, ante la Corte Penal Internacional (CPI). La demanda fue presentada por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), acusándola de la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
"Estamos haciendo las primeras coordinaciones para que, en breve, una comisión de alto nivel concurra a La Haya con el propósito de entrevistarse con las autoridades competentes de este alto tribunal y presentar preliminarmente la posición del Estado peruano respecto a estos hechos. Confiamos en que esta información sea suficiente para que esta denuncia sea rechazada de plano y no se admita", declaró en conferencia de prensa.
La acusación presentada por Aprodeh y FIDH acusa a Dina Boluarte por la comisión de crímenes de lesa humanidad e intento de asesinato contra medio centenar de peruanos en el marco de las protestas contra el Gobierno ocurridas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023.
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Lo expuesto ante la Corte Penal Internacional se fundamenta en las investigaciones de la Fiscalía de la Nación respaldadas en informes de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En tanto, Gustavo Adrianzén consideró que la demanda no prosperaría: “El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del cual el Perú es parte, tiene jurisdicción sobre los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión. Esta denuncia sostiene que la presidenta habría cometido crímenes de lesa humanidad, una acusación que examina hechos como asesinato, exterminio, encarcelamiento, tortura, violación sexual y otros graves delitos. (…) La sola condición de ataque generalizado y sistemático no se ha presentado y, en consecuencia, en mi opinión, descarta de plano la posibilidad de que esta denuncia pueda ser acogida por la CPI”.
Finalmente, Aprodeh y FIDH se reunieron con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para presentar las evidencias de los presuntos asesinatos e intentos del mismo durante las protestas, en el marco de la represión de las fuerzas del orden ejercidas por el Gobierno de Dina Boluarte contra los manifestantes. Acusan que los militares y policías hicieron uso desproporcionado de la fuerza, en su mayoría contra 'hombres jóvenes e indígenas'.
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Cabe resaltar que la Corte Penal Internacional no se rige bajo las leyes peruanas, lo que significa que la prerrogativa del antejuicio político establecida en nuestra Constitución no impide que se le abra una investigación o se le dicte una detención preliminar a través de una medida cautelar en este organismo internacional, según especialistas consultados por LR.
