Una pareja infértil libra una inédita batalla en la Sala IV contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para recuperar seis embriones y, de esa forma, continuar un procedimiento de fecundación in vitro (FIV) en una clínica privada con la ilusión de tener un bebé.
Natalia y Ricardo, nombres ficticios para este reportaje, realizaron un primer intento de FIV en la seguridad social pero ahora pretenden continuar sus esfuerzos en el sistema privado.
La CCSS se niega a entregarles su material genético amparada en un documento que ellos firmaron antes de ingresar a un programa institucional de fertilización. Según este manifiesto, los embriones no pueden ser sacados de las instalaciones de la institución.
Ante esta razón, la pareja josefina interpuso un recurso de amparo que la Sala Constitucional acogió para estudio bajo el expediente No. 24-012055-0007-CO. Se trata del primer caso sobre manejo de embriones que deberá resolver el alto tribunal.
Los esposos reconocen que firmaron el Manifiesto sobre el compromiso de responsabilidad de los embriones congelados. Sin embargo, alegan haber suscrito el documento porque no tenían otra opción, pues de lo contrario no podrían haber recibido atención en la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad (Umrac) de la Caja.
“Yo pregunté ‘¿qué pasa si no firmo esto?’. Me dijeron: ‘no puede entrar al programa’. Dicen que no hay coacción, pero sí hay. A usted no lo obligan a firmar; yo firmé voluntariamente, pero fue porque no me dieron opción”, comentó Natalia a La Nación.
“Lo hacen bajo sus propias reglas y sin sustento legal. No pueden retenerlos (los embriones)”, añadió el esposo, quien señaló que las clínicas privadas sí hacen traslado de embriones bajo un protocolo riguroso y que los procedimientos de fertilidad continúan sin problemas.
Marvin Carvajal Pérez, especialista en Derecho Constitucional que asesora a la pareja, manifestó que aunque él no describiría la conducta de la CCSS como coacción, sí la calificó como una “falta de sensibilidad burocrática” que no debería darse.
“Si a una pareja que ya ha intentado la procreación de todas formas le ofrecen la posibilidad de darle ese servicio aceptando determinadas condiciones, lo va a hacer. La persona no es coaccionada, pero sí va a sentirse coaccionada. Alguien que firma en esas condiciones no ha dado su pleno consentimiento; aceptó porque no tenía alternativa”, expresó.
Natalia tiene 35 años. Ella y Ricardo saben que cuanto más tiempo pase más difícil será lograr un embarazo y que este concluya con éxito.
Natalia y Ricardo comenzaron a tejer su sueño de ser padres en 2019. Cuando en el 2021 llegaron a la Unidad de Medicina de Reproductiva de Alta Complejidad (Umrac) por un procedimiento de fecundación in vitro (FIV) ya conocían bien su condición de infertilidad.
Habían pasado sin éxito por varios meses de relaciones sexuales programadas y cuatro inseminaciones artificiales. También habían visitado tres especialistas en fertilidad e invertido millones en exámenes, medicamentos y tratamientos. Sabían que para concebir requerían la FIV.
La fertilización in vitro es un procedimiento de alta complejidad en el que se toman los óvulos de la mujer y el esperma del hombre y se realiza la fecundación en un laboratorio. Se espera a que se forme un blastocisto, etapa del embrión que se da entre el día 5 o 6 después de la fertilización y que cuenta con las células para dar forma al bebé y a la placenta. A este nivel es que el embrión puede ser implantado en el útero de la madre y lograr el embarazo.
La Umrac abrió sus puertas en 2019. Los primeros embarazos gestados ahí se confirmaron en octubre de ese año y la primera bebé producto de una FIV en esta unidad nació en abril de 2020. Entre 2019 y 2023 se han dado 269 embarazos, de los cuales 166 son nacidos vivos. En este momento, hay 1.879 parejas en control médico para diferentes procedimientos en la Unidad.
En estos cinco años, esta es la primera vez que una pareja solicita la devolución de los embriones, por eso el caso marcaría un precedente.
Tras su llegada a la Unidad de la Caja, Natalia y Ricardo pasaron por varios meses de tratamientos y seguimientos; en mayo de 2022, siete embriones llegaron al estado de blastocisto. Se trata de una cantidad superior a la que se observa en otros casos, en los cuales se generan entre tres y cuatro embriones.
Los blastocistos de esta pareja josefina se criopreservaron (se congelaron a muy bajas temperaturas para que subsistieran) y uno se implantó en el útero de Natalia en octubre de ese mismo año. “Tuve que esperar cinco meses. Me dijeron que había muchas pacientes, que había que esperar porque muchos profesionales se habían ido”, recordó la mujer.
La implementación de ese embrión no prosperó y el embarazo no se dio. La pareja dijo a La Nación que durante la transferencia embrionaria recibieron violencia obstétrica y psicológica. Aunque siguieron el proceso, surgieron problemas en la salud de Natalia y en la logística de la CCSS que retrasaron la segunda implantación. Y ellos no querían esperar.
Por esa razón decidieron acudir a un médico privado especialista en fertilidad; el cuarto que visitarían. Con él iniciaron otra FIV desde cero, la cual tampoco fructificó. Fue entonces cuando consideraron utilizar los embriones que ya tenían en la CCSS, pero recibieron una negativa al amparo del manifiesto que habían firmado.
Ese documento dice: “Quedamos informados y aceptamos que en ningún caso se procederá a la destrucción de los embriones no transferidos ni será revocable lo establecido en este documento. Así como es prohibido trasladar, para cualquier fin, fuera de las instalaciones de la CCSS destinadas para procedimientos de alta complejidad reproductiva, a los embriones no transferidos”.
Carvajal dice tener claro que la Caja no actuó de mala fe y que seguramente su intención es que no haya venta o mala manipulación de embriones. Sin embargo, sostuvo que la restricción sí lesiona el derecho de las parejas o mujeres que están en el proceso y las decisiones que tomen a futuro.
Natalia y Ricardo alegan que esta decisión impide su derecho a la paternidad. Para ellos no es opción volver a la CCSS, pues afirman que Natalia sufrió muchos maltratos. Además, están convencidos de que tienen derecho a usar los embriones en el nivel privado.
“A la CCSS no quiero volver, pero los embriones no son de la CCSS, son nuestros; debemos tener el derecho de llevarlos donde queramos embarazarnos”, aseveró ella.
La Nación consultó a la CCSS por qué la institución tiene dicho manifiesto y por qué no permite que los embriones puedan enviarse a centros privados. A través de la oficina de prensa, la entidad remitió un documento firmado por Mauricio Herrero Knohr, jefe de Ginecología del Hospital de las Mujeres, y Michelle Granados López, médica de apoyo administrativo de la Umrac.
En dicho texto, los especialistas afirmaron que la prohibición de trasladar los embriones fuera de la CCSS “es una directriz emanada y avalada por autoridades superiores de la institución”. Agregaron que la responsabilidad de la CCSS sobre los embriones es irrevocable por naturaleza y finalidad, por lo que “toda solicitud de salida de embriones fuera de la Umrac carece de viabilidad”.
“Al firmar los consentimientos o manifiestos, los usuarios aceptan lo ahí establecido. Los usuarios interesados en este procedimiento, más allá de lo indicado previamente, la usuaria y su pareja, con antelación a ingresar a un ciclo de fertilización in vitro en la Umrac y de generarse los embriones en custodia por nuestro centro, fueron abordados integralmente por un equipo multidisciplinario de este nosocomio”, señalaron.
Para el abogado Marvin Carvajal, las razones de la CCSS no son procedentes y en su criterio no hay ninguna norma que obligue a los asegurados a someterse a tratamientos médicos solamente en la CCSS.
“No existe ninguna norma jurídica que les permita a las instituciones de salud disponer, como si se tratara de activos o de cosas, de los embriones producidos a partir de tratamientos de fecundación”, manifestó.
Sostuvo que la acción de la Caja le está impidiendo a la pareja recibir la atención que requiere en un centro de su confianza, aparte de que se violenta su derecho a contar con su material genético para tener a hijos. Aparte, agregó, hay que considerar que si la CCSS entrega los embriones podría optimizar recursos.
“A la Caja le sale carísimo tener nuestros embriones congelados mientras nosotros seguimos esperando para cumplir el sueño de ser papás”, concluyó Natalia.
La mujer y su esposo están conscientes de que su caso podría abrir camino a parejas que en un futuro se enfrenten a esta misma situación.
En Costa Rica no hay estudios de prevalencia de infertilidad, pero datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que una de cada seis personas mayores de 18 años en el mundo (el 17,5%) presentan algún nivel de infertilidad. Para la región de las Américas, que incluye todo el continente americano y las islas del Caribe, la prevalencia es del 20%.
