Durante la temporada de estiaje de 2023-2024, han vuelto a evidenciarse las limitaciones en el suministro de agua en el país. Las fuertes sequías en gran parte del territorio nacional se han traducido en una disminución del abasto, que ha afectado, en especial, a las familias.
Por ejemplo, a finales de enero de 2024, las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) anunciaron que en diez alcaldías se proveería el agua por “tandeo”, es decir, se racionaría de acuerdo con horas y días anunciados en internet. Esta medida ha abarcado áreas tradicionalmente restringidas en el agua, las cuales han incluido muchas colonias con población de ingresos bajos.
El agravamiento de la escasez confirma la persistencia de problemas viejos. En un país cuya población y desarrollo implican requerimientos hídricos cada vez mayores, la infraestructura de abasto se ha deteriorado y su ampliación ha sido insuficiente.
Aproximadamente tres quintas partes del agua de la CDMX son extraídas del subsuelo, cuya sobreexplotación ha causado el continuo hundimiento de la tierra. Además, a pesar de que, durante casi la mitad del año, la ciudad padece tormentas e inundaciones, la mayor parte del agua de lluvia se pierde. Peor aún, el drenaje hace que ésta se mezcle con las aguas residuales, lo cual dificulta su recuperación.
La limitación de las plantas de purificación contribuye a explicar por qué generalmente el agua de las redes públicas no se considere apta para beber y, como en otras regiones del país, el consumo per cápita de agua embotellada sea unos de los más elevados del mundo. Por desgracia, en algunas zonas de la ciudad, especialmente las más pobres, algunas veces el agua entubada llega con mal aspecto y olor, por lo que no sirve ni para las labores domésticas de limpieza.
Las dos quintas partes restantes del agua en la CDMX se originan en fuentes remotas, siendo el principal abastecedor el sistema Cutzamala, que almacena, potabiliza y distribuye el líquido captado en varias presas. Este potente sistema presenta varios inconvenientes. Uno consiste en su elevado costo de bombeo, al utilizar una gran cantidad de energía eléctrica. Otro es su inevitable dependencia de las presas, las cuales registran bajos niveles durante las sequías, que se ahondan, con el aumento de las temperaturas y la consecuente vaporización. Diversos fenómenos meteorológicos han ocasionado que, desde 2021, durante el estiaje, el Cutzamala haya registrado niveles anormalmente bajos, los cuales han llevado a algunos expertos a advertir sobre los riesgos de un inminente agotamiento.
El menoscabo de la infraestructura de transmisión y entrega de agua en la CDMX se muestra en las pérdidas derivadas de las fugas, cuya estimación asciende a cerca del 40 por ciento del total conducido en ductos y tuberías. Otros problemas similares relacionados con el agua aquejan al resto del país.
A nivel nacional, una distorsión extraordinaria reside en la asignación del uso de este líquido. Según el INEGI, con datos 2018, en México, 76% se utilizó en la agricultura, 14 por ciento en el abastecimiento mediante redes públicas, 5 por ciento en el autoabastecimiento, y 5 por ciento en las termoeléctricas.
La participación de la agricultura en el uso del agua contrasta con la ponderación de este sector dentro del PIB, la cual es aproximadamente 3 por ciento. Este desbalance refleja el uso de técnicas obsoletas, así como las bajas o nulas tarifas aplicadas a la agricultura.
Las tecnologías y los métodos para el mejor abasto del agua son ampliamente conocidos, y los casos de éxito en su aplicación abundan. En términos generales, se requiere invertir en la modernización de la infraestructura, que permita, entre otros efectos, la explotación sostenible de los acuíferos, la potabilización y el reciclaje eficiente del agua, así como la distribución de bajo costo.
Las necesidades de financiamiento para este fin pueden ser cuantiosas, sin embargo, éstas no tendrían que recaer exclusivamente en el gobierno. La función primordial de éste debería ser la regulación. Las autoridades pueden recurrir, en un grado considerablemente más amplio que el actual, a múltiples esquemas de participación privada, que irían desde las construcciones para arrendamiento público y las asociaciones, hasta los servicios de propiedad privada.
El gobierno debería tener una visión de largo plazo y superar los escollos autoimpuestos, entre los que destacan: el deseo de concentrar en su poder el suministro; la consagración en la Constitución desde 2012 del acceso del agua como derecho humano, lo cual podría inhibir las posibilidades de cobro; y la preferencia política por obras vistosas y de desperdicio, como los proyectos “mascota” de la presente administración, que han desplazado la provisión de servicios públicos de calidad, incluyendo, obviamente, el agua.
