Las reformas propuestas en materia de pensiones tienen implicaciones fiscales, económicas y un impacto para las generaciones futuras que no se mencionan en la justificación de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal, afirmó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
“Aunque el Ejecutivo no estima el costo fiscal asociado a estas iniciativas, ni su evolución a mediano o largo plazo, la aprobación de estas reformas implicaría que el Estado mexicano asuma un pasivo contingente que se incrementará al ritmo de crecimiento de la población de adultos mayores en el país, el cual será significativo a lo largo de los siguientes años”, aseguró el Instituto.
De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), se espera que en los próximos 26 años la población de personas de 65 años y más se duplique, aumentando de 11.2 millones en 2024 a 26.8 millones en 2050, detalló el centro de investigación en su análisis.
Asimismo, el IMCO estima que el costo del programa Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores alcanzará los 2.08 billones de pesos en 2050. Lo que se traduce en 138.5 por más, en términos reales, que el presupuesto aprobado para dicho programa en 2024, que fue de 465 mil millones de pesos.
Respecto a las implicaciones económicas que traería la aprobación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, el IMCO señaló que el pasivo contingente vinculado al pago de pensiones que asumiría el Estado mexicano se presentaría en un momento en el que estas ya constituyen una parte significativa y creciente del gasto del sector público federal.
“Un aumento significativo en el gasto en este rubro por parte del Gobierno Federal tendría consecuencias negativas al reducir aún más el limitado espacio fiscal disponible para financiar políticas públicas en áreas como educación, salud, seguridad e inversión pública, entre otras. Esto podría incidir de manera adversa en la competitividad y el crecimiento económico de México, afectando el bienestar de distintos sectores de la población”, alertó.
De igual manera, el Instituto advirtió que si el Estado mexicano llegará a financiar un gasto creciente en pensiones con los recursos que pagan los contribuyentes tendrá consecuencias diferenciadas para distintos grupos de edad de la población.
“Un aumento en el gasto en pensiones tendría implicaciones de inequidad intergeneracional al favorecer de manera desproporcionada a las personas adultas mayores, a expensas de otros grupos”, especificó en su análisis.
“Por otro lado, un aumento de impuestos para financiar dicho incremento en el gasto afectaría a un número cada vez menor de personas en edad laboral”, abundó.
