Los Mossos d'Esquadra formalizaron este lunes la expulsión de los seis agentes condenados por agresión racista a un joven en Manresa (Barcelona), anunciada por la conselleria de Interior el pasado mes de septiembre, cuando los uniformados fueron sentenciados. La separación del cuerpo era una decisión obligatoria al tener los agentes una sentencia firme que les inhabilitaba para ejercer de policías.
Tal y como ha adelantado Nació y han confirmado a elDiario.es fuentes de Interior, la finalización de los expedientes disciplinarios que tenían abiertos los agentes se concretó este lunes una vez se recibió la notificación judicial de apertura del trámite de ejecución de sentencia.
La expulsión de los agentes estuvo inmersa en la polémica después de que la semana pasada SOS Racisme denunciara que los agentes todavía no habían sido expulsados pese al anuncio de Interior del pasado mes de septiembre
Desde el departamento aseguraron que mantenían intacto el compromiso anunciado hace tres meses de expulsar del cuerpo a los agentes (de hecho, es obligatorio cuando se produce una condena firme de inhabilitación, como ocurre en el caso de la agresión de Manresa).
La conselleria achacó el retraso a que la Audiencia de Barcelona no le había notificado la resolución de apertura del trámite de ejecución de sentencia, si bien admitió que tenía la sentencia firme que le habilita a expulsar a los agentes desde el pasado mes de septiembre, cuando se celebró el juicio de conformidad con el que se cerró judicialmente el caso.
Pese a tener ya la sentencia, interior consideraba que era necesario tener notificado el auto de ejecución de la misma antes de proceder a echar a los agentes, algo que finalmente se notificó el pasado viernes después de que la Audiencia de Barcelona fuera siguiendo todos los trámites legales y notificara personalmente la sentencia al último mosso condenado el pasado 15 de diciembre, tal y como exige la ley procesal.
Los seis agentes de los Mossos d'Esquadra fueron condenados a penas mínimas que les libraron de entrar en prisión, tras un pacto con la Fiscalía, por la agresión racista contra un joven en 2019. Los agentes admitieron que redujeron con violencia a la víctima mientras le proferían gritos como “negro de mierda”, “hijo de puta”, entre otros insultos, golpes y vejaciones múltiples.
La grabación de la agresión que hizo el joven, y el hecho de que dos superiores les señalaran como las voces que aparecían en el audio empujaron a los agentes al pacto dado el poco margen de defensa. Al resultar condenados también a penas de inhabilitación especial de seis meses, su expulsión del cuerpo resultaba obligatoria para la Generalitat. Ahora solo falta que se concrete.
