Una ola de detenciones sin precedentes de sacerdotes católicos en Nicaragua prosiguió en la celebración del Año Nuevo y ya suman al menos 14 clérigos y dos seminaristas arrestados desde las fiestas de Navidad, ante lo que el papa Francisco expresó este lunes su “profunda preocupación”.
El sacerdote Gustavo Sandino, párroco en Santa María de Pantasma, en el norteño departamento de Jinotega, fue detenido el último día de 2023, según medios de prensa que trabajan desde el exilio en Costa Rica y un listado de la abogada especialista en temas de la Iglesia Martha Molina, exiliada en Estados Unidos.
Esta oleada de arrestos comenzó con la detención del obispo de Siuna (Caribe), Isidoro Mora, el 20 de diciembre, tras lo que siguieron detenciones de sacerdotes de iglesias y parroquias de Managua, León (noroeste), Matagalpa (norte), Masaya (sur), además de Jinotega, según el listado de Molina, medios de prensa y activistas opositores.
Tras el tradicional rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano, el papa dijo este lunes que sigue “con profunda preocupación lo que está sucediendo en Nicaragua, donde obispos y sacerdotes han sido privados de su libertad”.
“Expreso a ellos, a sus familias y a toda la Iglesia del país mi cercanía en la oración”, dijo el pontífice jesuita, de 87 años.
“A la oración insistente invito también a todos ustedes aquí presentes y a todo el Pueblo de Dios, mientras espero que se busque siempre el camino del diálogo para superar las dificultades. Recemos hoy por Nicaragua”, agregó.
Ni el gobierno de Daniel Ortega ni la policía se han referido a las denuncias de arrestos. El portal gubernamental El 19 Digital resaltó en cambio el lunes una masiva vigilia de fin de año de miles de evangélicos, en el sureste de Managua con apoyo de la policía y la alcaldía capitalina.
Los arrestos ocurren en plena tensión entre el gobierno de Ortega y la Iglesia católica, cuya relación se deterioró durante las protestas antigubernamentales de 2018, que dejaron más de 300 muertos, cientos de opositores detenidos y miles de exiliados.
Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, acusaron a la Iglesia de apoyar las protestas, que consideraron un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
Las relaciones diplomáticas entre Managua y el Vaticano han estado al borde de la ruptura luego de que en marzo del 2023 el papa tachara al gobierno de Ortega de “dictadura grosera”.
El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, que por petición del Vaticano partió a Estados Unidos al exilio en 2019, agradeció la preocupación expresada por el papa por los “obispos y sacerdotes secuestrados por la dictadura”. “Ha pedido orar por Nicaragua. ¡Gracias Santo Padre!”, dijo en la red social X.
En un comunicado, una decena de organizaciones de nicaragüenses en el exilio pidieron el domingo un apoyo internacional más contundente para lograr la liberación de los sacerdotes y de 120 opositores presos en Nicaragua.
“Hacemos un enérgico llamado a toda la comunidad internacional para que de una vez por todas cumpla con su responsabilidad de proteger los Derechos Humanos” en Nicaragua, indicaron las organizaciones opositoras.
“Que quite todo el apoyo económico y político que aún mantiene la dictadura Ortega-Murillo y que encontremos pronto, junto con nuestras organizaciones, caminos certeros para transitar a la democracia una vez lograda la salida de este régimen”, añadieron.
Con monseñor Mora suman dos los obispos en prisión. Rolando Álvarez, la voz eclesiástica más crítica del gobierno, fue detenido en agosto de 2022 y condenado el 10 de febrero a 26 años acusado de traición a la patria. Ha preferido la cárcel al exilio.
El investigador nicaragüense de Diálogo Interamericano Manuel Orozco consideró que los religiosos detenidos probablemente sean “desterrados”, como ocurrió con 12 sacerdotes excarcelados y enviados a Roma en octubre tras un acuerdo entre el gobierno y el Vaticano.
“La hoja de ruta es eliminar toda forma de oposición y al mismo tiempo destruir toda forma de libertad de expresión, por lo tanto el destierro puede ser una metodologías que vayan a utilizar, ya la usaron una vez”, recordó Orozco.
Las detenciones buscan “silenciar y exterminar a la Iglesia católica”, comentó a la AFP la investigadora Molina. “Daniel y su mujer están instaurando una dictadura dinástica y no quieren a nadie que se le oponga”, agregó.
Según una investigación de Molina, desde 2018 hubo 740 ataques contra la Iglesia y 176 sacerdotes y religiosas fueron expulsados, desterrados o se les prohibió ingresar al país. Organizaciones vinculadas a la Iglesia han sido cerradas, entre ellas la jesuita Universidad Centroamericana (UCA). AFP
