La estrategia que el Gobierno venezolano ha asumido ante la Corte Penal Internacional (CPI) sigue sin rendir frutos. Su negativa a reconocer que en el país ocurrieron crímenes de lesa humanidad y presentar las graves violaciones a los derechos humanos como simples excesos cometidos por individualidades, las cuales asegura estar investigando, no convence en La Haya (Países Bajos).
Prueba de ello es que la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (OPCV, por sus siglas en inglés) se ha opuesto tajantemente a la solicitud que las autoridades nacionales presentaron en julio pasado a la Sala de Apelaciones del juzgado y con la cual buscan que se impida al fiscal Karim Khan que prosiga sus averiguaciones para esclarecer los hechos e identificar y procesar a los responsables de las violaciones a las garantías fundamentales registradas en los últimos años en Venezuela.
En el escrito de 37 páginas firmado por la consejera principal Pasolina Massida y publicado el pasado 13 de septiembre, la OPCV pidió a la Sala que desestime el recurso venezolano «en su totalidad», tras refutar cada uno de los seis motivos esgrimidos por el Gobierno para cuestionar la legalidad de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, que en junio dio luz verde a Karim Khan para reanudar sus averiguaciones sobre lo ocurrido en el país.
La instancia no halló motivos para considerar que la reactivación de las investigaciones por parte de la Fiscalía haya supuesto de «hecho o derecho» una violación a las disposiciones del Estatuto de Roma y de los procedimientos que regulan a la Corte, como en cambio alegó el Gobierno venezolano.
«El número limitado de casos presentados por Venezuela ya proporciona una fuerte indicación de la ausencia de investigaciones internas pertinentes», se lee en el documento, en el cual se deja en claro que no hay complementariedad de la justicia venezolana respecto de la CPI.
Así, de acuerdo con el principio de complementariedad, los organismos judiciales internacionales como la CPI solo pueden actuar cuando los sistemas legales nacionales no lo hacen, cuando se demuestra que no están dispuestos o no pueden llevar a cabo realmente los procedimientos.
La OPCV tampoco vio motivos para considerar que haya dudas sobre el alcance temporal de las investigaciones. El fiscal Khan desea investigar los hechos ocurridos al menos desde abril de 2017, pero las peticiones que recibió su despacho tanto de la exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, como de un grupo de países de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentaban casos ocurridos en 2014.
En este sentido, la OPCV declaró «no justificados» los argumentos del Estado venezolano de que la Fiscalía solo se limitará a indagar sobre hechos ocurridos a partir de abril de 2017, por cuanto en distintas comunicaciones le ha pedido información sobre otros casos anteriores.
«[El Estado] No puede argumentar razonablemente que no ha sido informado del alcance temporal de la investigación prevista por el Fiscal», señaló Massida en su escrito.
Otro argumento esgrimido por las autoridades venezolanas que la OPCV desechó de manera contundente fue el relacionado con la supuesta ignorancia de pruebas que demuestren que la justicia nacional está llevando a cabo «investigaciones efectivas».
Al respecto, replicó lo siguiente: «Las víctimas subrayaron que llevan casi diez años esperando una investigación adecuada de los trágicos sucesos que sufrieron. No obstante, durante todo este tiempo las autoridades nacionales no han emprendido ninguna acción genuina para identificar y procesar a los presuntos autores. Por lo tanto, en la actualidad, la Corte es el único recurso judicial del que disponen las víctimas para buscar justicia».
Todavía falta por conocer los argumentos del fiscal Khan, los cuales deberían presentarse próximamente y con toda seguridad serán igual de contundentes.
La Oficina Pública de Defensa de las Víctimas se opone a la paralización de la investigación de la situación Venezuela ante la CPI. Esto supone un nuevo revés para las autoridades venezolanas y pone de manifiesto una vez más que sus argumentos no logran convencer a las distintas instancias de la CPI respecto a su voluntad para investigar los presuntos crímenes de lesa humanidad que habrían sido perpetrados en el país.
