La que fue directora general de medios de la Comunidad de Madrid bajo los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, Isabel Gallego, ha recurrido el auto del juez Manuel García Castellón que exonera a ambos de los delitos de corrupción que se les imputaban en la rama del caso Púnica sobre la financiación del PP madrileño y sin embargo, la procesa a ella por ser su departamento el que gestionaba varios de los contratos bajo sospecha. Considera que es un «agravio comparativo». «Sobresee la causa para los dos expresidentes, pero considera que hay indicios de malversación en quien contrató los trabajos que les beneficiaban personalmente », critica el escrito, al que tuvo acceso ABC y que pide al juez que reconsidere su postura o lo eleve para que sea la Sala de lo Penal quien revise la decisión. Aunque apunta que tanto Aguirre como González «eran y son perfectamente conocedores de las noticias que se publican y era de su interés como Presidentes que su imagen institucional se mejorase», ya que «es irracional sostener lo contrario», se centra en los argumentos del juez que han llevado a exonerar a otros cargos porque los ve aplicables a su propia situación. Noticia Relacionada estandar No Esperanza Aguirre, exonerada de la corrupción de Púnica a los tres años de ser imputada Adriana Cabezas El magistrado entiende que no puede considerarse acreditada su participación ni que fuera «conocedora» En concreto, recuerda que se ha dictado sobreseimiento para la exconsejera de Educación Lucía Figar por contratos de imagen con las mismas empresas objeto de las pesquisas a cargo de Alejandro De Pedro con las que ella contrató servicios similares para Aguirre y González, al no apreciar prevaricación. «Nos falta el razonamiento expresado por el juez que permita comprender por qué sí ha de ser delito la publicidad llevada a cabo por la Dirección General de Medios acerca de los presidentes de la Comunidad de Madrid ni por qué estos eran ajenos a la cuestión y la periodista que lo gestionaba debe ser enjuiciada», dice el recurso. «Capacidad decisoria inexistente» En este sentido, expone que «numerosos políticos y personalidades relevantes contrataban a las empresas de Alejandro de Pedro» y «si adquirieron con ellas deudas o se prestaron a pagarlas le es completamente extraño a la actuación de Isabel Gallego». «Lo que sí está constatado es que la DGM s olicitó primero y autorizó después la contratación de De Pedro para la CAM a través de la DGM, que se hizo legalmente, autorizado por la Secretaría General Técnica y por el Consejo de Gobierno y que los trabajos existieron», añade. El escrito argumenta en todo caso que no fue ella quien eligió a ese proveedor, sino que le vino «impuesto» y el trabajo que realizase para Ignacio González, Esperanza Aguirre, Salvador Victoria, Lucía Figar, Borja Sarasola o cualquier otro, «no era encargado, ni controlado, ni pagado por la Dirección General de Medios , si es que estuvo al margen de ese contrato de clipping» que sí había suscrito. De hecho, recuerda que «en el año 2010, la encargada de la Secretaría de Comunicación era Lucía Figar y la de las redes sociales Isabel Díaz Ayuso», que no Gallego y en aquel momento, «la moda» era que «cada político» tuviese un blog, pero ella «no los gestionaba» . «Por tanto, no puede tenerse por bueno que se le achaque a la DGM aquello que Francisco Granados, Esperanza Aguirre, Ignacio González, Lucía Figar, Salvador Victoria, Borja Sarasola u otros convinieran, caso de que lo hicieran, con Alejandro de Pedro. Legal o ilegal», añade, para incidir en que el auto de procesamiento «hace pivotar una y otra vez u na capacidad decisoria que era inexistente» en Isabel Gallego.
