En el Congreso o en el Portal de Transparencia; a la oposición, a los ciudadanos o a los periodistas. El escenario da igual, pero el protagonista y su intención siempre es la misma. Si el Gobierno se encuentra en disposición de elegir si concede o no una información determinada que puede ser delicada para sus intereses, es muy probable que se decante por mantenerla guardada bajo siete llaves. Los ejemplos, bien desde el inicio de la legislatura o desde que estalló la pandemia, son variados.
En sede parlamentaria hay dos casos bastante recientes. El primero data de enero, cuando el Congreso dio luz verde, gracias al apoyo de Vox, al decreto para los fondos europeos de recuperación impulsado por el Gobierno. En esta ocasión, el Ejecutivo no mostró a los diputados una evaluación de dicho texto que podría haber cambiado el signo de aquella votación. Era un informe que elaboró el Consejo de Estado examinando la solvencia del procedimiento elaborado por el Gobierno. El órgano consultivo fue muy duro con el trabajo del Ejecutivo y señaló las deficiencias de un proyecto que La Moncloa no hizo público hasta después de conseguir el beneplácito de la Cámara Baja.
Durante la pandemia, los debates para aprobar las sucesivas prórrogas del estado de alarma se alargaron en varias ocasiones hasta la madrugada. Los grupos de la oposición, conforme avanzaban las semanas, reclamaron cada vez con más fuerza al Gobierno que elaborara un plan B normativo que permitiera hacer frente a la pandemia y sus restricciones sin necesidad de recurrir al estado de alarma, de modo que el Ejecutivo no aglutinara todo el poder. Un año después, seguimos igual y Sánchez no ha impulsado —pese a las promesas— ninguna alternativa para el estado de alarma.
Lo que sí se ha conocido es que el Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso de Vox después de que la formación de Santiago Abascal reclamara en sede parlamentaria los informes de la Abogacía del Estado relativos al estado de alarma y no obtuviera ninguna explicación. Entre estos informes debe estar el empleado por Sánchez, pero que no ha hecho público, para negarse a impulsar alternativas como las propuestas por la oposición. Como publicó ABC, este caso no es menor y así lo subrayó la letrada de las Cortes, que recordó que si el Ejecutivo no cumple con su obligación de facilitar información a los diputados cuando se la reclamen, éstos verán menoscabado su derecho fundamental a la hora de realizar sus funciones.
Comités de expertos
El Gobierno, en clave pandemia, también hizo todo lo posible por ocultar quiénes eran los miembros del comité de expertos que asesoraron a Fernando Simón en la desescalada. En un primer momento, Sanidad se esforzó para no facilitar la identidad de los asesores. Después de retrasar el procedimiento lo máximo posible, el ministerio tuvo que entregar al final un listado de expertos integrado por funcionarios de Sanidad. Eso sí, no lo hizo ‘motu proprio’. El Consejo de Transparencia le obligó.
Un caso similar es el de la Comisión Permanente contra la Desinformación. Como ha avanzado esta semana ABC, el Ejecutivo tampoco quiere identificar a las personas encargadas de sentar las bases de la estrategia contra las ‘fake news’. Para negarse, emplea el mismo argumento que con los expertos del Covid: decir que son funcionarios para velar su identidad.
‘Lecciones’ del presidente
La Transparencia no es el campo de juego, precisamente, en el que el Gobierno se encuentra más cómodo. Sobran los ejemplos tanto de grandes temas mediáticos como de pequeñas cuestiones ciudadanas, en las que el Ejecutivo ignora, sin razones legales para ello, el mandato del Consejo de Transparencia, órgano que preside, a propuesta del Gobierno, un alto cargo afín al PSOE.
Entre ellas hay casos muy mediáticos, como los detalles sobre las vacaciones de Sánchez y sus amigos en complejos propiedad del Estado, como Las Marismilla
s o La Mareta. En ninguno de estos ejemplos, destapados por ABC, el líder del Ejecutivo decidió aclarar la polémica ofreciendo información. El cerrojazo al Portal de Transparencia en los meses más duros de la pandemia, cuando todo el poder recayó sobre el Gobierno gracias al estado de alarma, hizo que los ciudadanos no pudieran examinar la labor de la Administración. Con el parón administrativo, en la práctica era imposible
Pese a las evidencias, el presidente del Gobierno no duda en presumir de Transparencia siempre que puede. El último ejemplo tuvo lugar el pasado miércoles en el Congreso. «En definitiva, señorías, lo que les quiero decir, sobre todo, a la bancada conservadora, es que lecciones de transparencia y rendición de cuentas a este Gobierno ninguna. Ninguna», subrayó Sánchez como si el listado de ejemplos arriba citado no fuera con él. Ya lo dice el refrán: «Dime de qué presumes y te diré de qué careces».
