«La Comunidad de Madrid decreta la suspensión de toda la actividad educativa presencial a partir del miércoles 11 de marzo para evitar la expansión del coronavirus en la región». Con estas palabras se puso en marcha una medida de gran calado y que en aquel momento, del que se cumple ya un año, impactó a la sociedad, que todavía desconocía profundamente la trascendencia trágica que iba a tener un virus que provocaba una enfermedad que rápidamente se convertiría en pandemia.
Aquel 9 de marzo de 2020, los nuevos casos se habían triplicado en sólo 24 horas y Madrid ya era el mayor foco de positivos detectados, con 578, junto a la localidad de Labastida y a Vitoria. Esta última, había decidido suspender las clases por un periodo de dos semanas, una medida que se estaba llevando a cabo en Italia tras darse cuenta de que la expansión del virus era irrefrenable. Madrid fue pionera en territorio español y, tras la convocatoria de un Consejo de Gobierno extraordinario, paralizaron la actividad presencial desde los cero años hasta la universidad.
La estricta medida iba para dos semanas, pero el coronavirus ya no se detuvo. Los fallecidos se contaron por miles y se tuvieron que crear hasta morgues improvisadas como la del Palacio de Hielo en la capital. Ese curso escolar se tuvo que desarrollar de manera telemática y no fue hasta septiembre de 2020 cuando se volvió a la actvidad presencial, una restricción que afectó a 1.200.000 alumnos y 100.000 profesores. Con toda seguridad, aquella decisión ayudó a salvar vidas.
La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, especificó entonces que se trataban de medidas «imprescindibles» pese al shock que produjo dicho anuncio. Aquel día Ayuso se adelantó a Illa, que convocó una rueda de prensa a la misma hora, cuando la presidenta regional ya había anunciado la suya, y detalló que en todas las zonas que fueran entrando en esa categoría de «transmisión alta» se adoptaría la misma medida de suspensión de clases. Pocos días más tarde, las comunidades de Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco, Navarra, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Cantabria, Asturias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Melilla decidieron suspender la actividad lectiva en todos sus centros educativos.
