El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha reclamado en el Congreso los informes en los que el Ministerio de Sanidad se basó para decidir qué comunidades autónomas pasaban de fase durante la desescalada.
En concreto, los diputados solicitan en su escrito «todos los informes realizados por los expertos y técnicos en salud pública que han asesorado y servido al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para evaluar y decidir quién pasaba de fase en el plan de desescalada con motivo de la pandemia de Covid-19».
Según denuncia el GPP, «hace unos meses conocimos que la ministra Teresa Rivera era la persona encargada para gestionar el proceso de desescalar el confinamiento junto a un grupo de expertos y epidemiólogos». «La preparación y elaboración del plan de la desescalada realizado por la vicepresidenta cuarta ha dejado muchas incógnitas», añade el GPP, «una ellas es la composición del equipo de asesores que participó en su confección».
Los populares recuerdan que además que el propio ministro de Sanidad recordó la semana pasada ante la Comisión de Sanidad del Congreso que «que no se creó un comité externo específico para la desescalada y que era él quien tenía la responsabilidad última sobre el cambio de fases, en base a los informes técnicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias avalados por su director, Fernando Simón», subraya.
Esa comparencencia de Illa confirma el escrito remitido por el Consejo de Transparencia al Defensor del Pueblo en el que el propio Ministerio de Sanidad admite que las decisiones sobre la transición a la denominada «nueva normalidad» era completamente política, ya que correspondía «al Ministerio tras su valoración con las distintas comunidades».
El ejemplo más sangrante fue Madrid. Pese a cumplir los requisitos, la comunidad se vio obligada a permancer a medidados de mayo en la fase cero. Las razones esgrimidas por Sanidad «no tenían relación directa con los indicadores del Plan para la Transición a una Nueva Normalidad» y además «los criterios no se aplicaban de forma homogénea» para todas las comunidades, denunció entonces Madrid ante el Tribunal Supremo.
El GPP recalca que «la transparencia y el acceso a la información ha de ser una vocación implícita de las administraciones públicas, una forma de ser y una manera de ejercer el buen gobierno», más aún cuando se utilizan recursos públicos humanos, materiales o económicos. Además, señala que «si nos vamos a países de nuestro entorno, no conocemos casos donde se trate con opacidad la relación de estas personas que forman parte de la administración pública, máxime en un tema tan importante como la lucha contra el Covid-19».
Por todo ello, el GPP pregunta al Gobierno «qué técnicos y expertos en salud pública han realizado los informes técnicos en los que se basaba el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, para evaluar quién pasaba de fase y tomar todas las decisiones relacionadas con el plan de la desescalada Covid-19 en nuestro país».
