La aplicación de la Ley de Plurilingüismo en Secundaria, Bachiller y Formación Profesional durante el próximo curso 2020-2021 ha hecho prender la mecha en la Vega Baja (Alicante). Familias, profesores y centros educativos ven con preocupación y con dudas la implantación del modelo aprobado en 2018 por los partidos que sostenían el Gobierno autonómico (PSPV, Compromís y Podemos), que contempla un mínimo del 25% de asignaturas en valenciano, el mismo porcentaje en castellano y entre un 15% y un 25% en inglés.
De poco han servido las últimas reuniones celebradas el pasado diciembre entre los responsables de la Conselleria de Educación dirigida por Vicent Marzà y los equipos directivos de los centros para llegar a un punto de entendimiento en esta zona castellanohablante.
En los institutos los problemas son numerosos, pero una de las principales quejas es que no cuentan con profesorado preparado para impartir las asignaturas troncales -como Matemáticas, Biología, Geografía, Historia, Filosofía, Física y Química, etc.- en valenciano. Cuestiones como el alto número de interinos y la falta de estabilidad en este sector consideran que han de tenerse en cuenta.
Los centros, además, son los receptores de las protestas de las familias, muchas de las cuales transmiten -al igual que los alumnos, sobre todo de Bachillerato- rechazo a esta ley. Precisamente cómo afectará la situación a los estudiantes es lo que realmente preocupa a los profesores y equipos directivos. Los de Bachillerato tienen por delante el reto de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU); las dificultades en el estudio de determinados alumnos -por multitud de factores- consideran que pueden verse agravadas; y la asistencia de personas inmigrantes sin pleno dominio todavía de la lengua castellana creen que será una complicación añadida.
Todo ello unido a la reclamación política que en muchas ocasiones ha tenido parte del sector educativo: que las decisiones en esta materia sean fruto de la unidad y del acuerdo entre la gran mayoría de los partidos y la sociedad. Si en cuatro años cambia el Gobierno en la Comunidad Valenciana, ¿se va a entrar ahora en un sistema que supone dar un vuelco en la enseñanza en la Vega Baja para que luego haya otro?, se preguntan algunos.
La polémica con la exención en valenciano
La secretaria general de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Gabriel Miró, Sonia Terrero, señala que la norma del Consell incumple artículos de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià y del Estatuto de Autonomía, donde se recoge la posibilidad de la exención. Aunque pueden pedir acogerse a ella en la materia lingüística (Valenciano), los alumnos habrían de cursar igualmente en esta lengua el mínimo del 25% de troncales.
«La Ley de Plurilingüismo vulnera los derechos de nuestros hijos y en lugar de generar igualdad genera discriminación en las zonas castellanohablantes, puesto que nunca nos podremos equiparar a las valencianohablantes. Además, permite que el valenciano pueda llegar al 65% del currículum», señala Terrero.
Al igual que los centros, incide en la falta de profesorado con competencias en valenciano. «Nadie puede imponer sin tener los recursos», afirma, en alusión al Gobierno autonómico. «Esta ley intenta anular nuestra lengua materna en una zona castellanohablante. Queremos que nuestros hijos aprendan y sientan el valenciano, pero no así», añade.
Desde la Conselleria de Educación se ha transmitido la posibilidad de flexibilizar de alguna forma la aplicación de la norma, llevándola a cabo de forma progresiva. Por ejemplo, que el próximo año no se haga en todos los cursos de la ESO, sino sólo en primero. Algo que, comentan, se podría hacer con el programa experimental recogido en la propia ley. Apuntan desde el departamento, igualmente, que la exención no es de cursar valenciano, sino de examinarse. En este sentido, Marzà insiste en que lo que se busca es la «igualdad» entre todos los alumnos de la Comunidad Valenciana.
Padre, docentes y partidos
Las explicaciones del conseller y la opción de la experimentación no convencen ni a los padres ni a los centros críticos, ya que podrían caer en un incumplimiento de la ley. Motivo por el que piden que cualquier instrucción de Educación se les traslade por escrito.
Ante lo que consideran una falta de voluntad de poner solución, han optado por la movilización. La manifestación convocada para este sábado 18 de enero en Orihuela por la FAPA Gabriel Miró pretende evidenciar el descontento en esta zona. Una convocatoria que se mantiene pese a los intentos de evitarla especialmente por parte del PSOE. A la cita se han unido la asociación Hablamos Español, la recién creada Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística y los tres partidos de la oposición (PP, Ciudadanos y Vox), que han aprovechado este polvorín para atacar duramente al Consell.
La manifestación se convertirá, de esta manera, en la primera movilización importante de la legislatura contra el Ejecutivo autonómico de PSPV, Compromís y Podemos. Precisamente otra educativa fue también la primera de la pasada, cuando en 2017 más de 40.000 personas salieron a la calle en Valencia para defender la educación concertada ante el arreglo escolar de Marzà.
Debate en las Cortes
La cita del sábado -a la que está previsto que acudan incluso representantes nacionales de partidos como el PP- no se quedará ahí y todo dependerá de la respuesta del Consell a las reclamaciones. La acción política, desde luego, continuará en las Cortes Valencianas. Los populares han presentado una iniciativa, firmada por la diputada Beatriz Gascó, en la que piden la supresión de los artículos de la ley de Plurilingüismo que van en contra de la d'Ús i Ensenyament; que cualquier instrucción que se le dé a los centros sobre la implantación de la norma sea por escrito para darle respaldo jurídico; que se aprueben los proyectos lingüísticos de centro en base a la planificación (en la que al menos el 30% de los centros, en cada área de influencia, oferten líneas en castellano), los resultados académicos y una consulta vinculante a todas las familias; y que se vele por que haya una oferta suficiente en castellano y en valenciano para que las familias puedan ejercer su derecho a elegir.
El partido también ha puesto sus abogados al servicio de aquellos que quieran «impugnar los proyectos lingüísticos impuestos».
Este mismo lunes, Ciudadanos ha presentado otra iniciativa en la Cámara en la misma línea en la que reclama una moratoria a la aplicación de la Ley de Plurilingüismo en zonas castellanohablantes. Su portavoz, Toni Cant,ó y la diputada Merche Ventura han anunciado igualmente que llevarán una queja al Síndic de Greuges para que emita un informe sobre las «vulneraciones» a la norma que regula el uso del valenciano.
