El próximo jueves, el Colegio de Abogados de Nuevo León elegirá a su nuevo presidente. Los contendientes son los abogados Juan Carlos Tolentino, Carlos Jasso y Fidencio Montemayor. Quien gane la elección entrará en funciones el 6 de enero de 2023, ya que, del 6 de enero de 2020 al 6 de enero de 2023, fungirá como presidente el abogado José Manuel Cardona Monreal, quien resultó electo hace dos años.
Probablemente se han preguntado, ¿qué pitos tocan los colegios de abogados en el concierto de la sociedad civil para ser materia de análisis y comentarios periodísticos?
Ninguno, ésta es la respuesta; no están legitimados socialmente, carecen de influencia en la estructura del estado y de la sociedad civil; ello debido a que, de igual manera que los colegios de las demás profesiones, jamás han cumplido con su objeto social, a saber:
a) La defensa de los intereses gremiales, concepto que para algunos es anticuado, pero en mi opinión no ha perdido su sentido;
b) La defensa de los intereses profesionales en beneficio de la sociedad, el más importante es el impulso de la cultura de la certificación, de manera que ningún abogado ejerza como tal si no se somete a un proceso de actualización de conocimientos de manera permanente; y
c) Vigilar que el ejercicio de la profesión de abogados se realice con estricto apego a la ética profesional, la que mucha falta hace.
No alcanzar la realización de estos objetivos no es culpa solo de los profesionales del derecho, sino de la miopía de las políticas públicas. pues tales objetivos son irrealizables si no hay una infraestructura jurídica que lo posibilite.
Se necesita, entonces, un sistema de colegiación obligatoria; en más de cuatro décadas no habido respuesta por parte del estado a esta demanda. Tan importante es la existencia de un sistema de colegiación obligatoria que su inexistencia es uno de los indicadores de los semáforos del fenómeno de la corrupción y la impunidad.