Varias comunidades autónomas están molestas con el Ministerio de Hacienda ante la retención de los 6.500 millones de euros de las entregas a cuenta adicionales que les corresponderá este año frente al anterior. La ministra María Jesús Montero prometió a las comunidades hace algo menos de un año que en 2019 les entregaría 102.920,5 millones de euros en entregas a cuenta, es decir, 6.938,8 millones más que el año pasado. Sin embargo, al no lograr aprobar los Presupuestos Generales el Estado, finalmente, la prórroga ha provocado que las regiones se vayan a quedar con unos 6.500 millones menos de recursos. Fuentes autonómicas manifiestan su descontento a ABC y señalan que el Ejecutivo podría recurrir a otras opciones.
Esas opciones van desde aprobarlo con un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a hacerlo por decreto, como ya ocurrió en 1996. No obstante, la Ley Presupuestaria, de 2003, marca que este capítulo debe aprobarse en las cuentas. Si bien estas alternativas tienen lagunas jurídicas, como ninguna parte recurriría, sería viable, señalan estas fuentes. Todas las comunidades, más allá del color político, están interesadas en que se actualicen las entregas a cuenta. Fuentes parlamentarias apuntan que el PP, una vez que el Congreso de los Diputados recupere su funcionamiento, presentará una proposición no de ley (PNL) para que el Gobierno encuentre la forma jurídica adecuada para que los recursos lleguen este año. Tras la formación de los gobiernos autonómicos después del verano, las peticiones se recrudecerán.
Las entregas a cuenta reparten las previsiones de ingresos del Estado de los impuestos compartidos con las comunidades. Como los ingresos crecerán por encima de lo que marcan las cuentas de 2018, las autonomías se quedarían sin una parte de la recaudación, no pudiéndola recuperar hasta 2021. Un escenario que nadie desea, ya que todas han incoporado estos ingresos en sus presupuestos y, según Fedea, sin ellos su déficit pasaría del 0,1% del PIB al 0,5%.
La ministra Montero manifestó su intención de aprobar este reparto por decreto, pero, finalmente, por problemas jurídicos planteados por la Abogacía del Estado, no lo ha hecho. A ello se le suman los 2.500 millones del mes de IVA de 2017, que no se puede repartir a no ser que se cambie la Ley, pero también la liquidación de dicho año: si se añade ésta, las regiones deberían recibirir este año 4.738 millones más que en 2018.
El PSOE pidió en 2018 al PP aprobar lo que ahora dice que no puede
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pidió a su predecesor, Cristóbal Montoro, aprobar por decreto la actualización de las entregas a cuenta. Lo hizo como consejera de Hacienda de Andalucía en 2018. «No hay excusas para mantener esa demora y se tendría que tramitar un decreto ley para actualizar las entregas a cuenta», señaló en febrero de 2018, una petición que entonces era unánime en el PSOE. El propio Montoro tenía en sus planes, cuando creía que no iban a salir las cuentas de 2018, sacarlo por decreto ley. Sin embargo, el Gobierno ahora señala que jurídicamente no es posible aprobar por decreto lo que pedía hace un año.
