Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Foto: Flickr / taiwanicdf
Estados Unidos y Canadá decidieron imponer sanciones a funcionarios y familiares del presidente de Nicaragua Daniel Ortega, entre los que se encuentran su esposa y primera dama, Rosario Murillo, su hijo Laureano Ortega y el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.
Las sanciones contemplan, entre otras cosas, la marginación de estas personas del sistema financiero internacional y la congelación de activos que pudieran tener en territorios estadounidenses o canadienses.
Otros de los sancionados son Orlando Castillo, director general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), y a los ministros de Salud, Sonia Castro, y de Transporte, Óscar Mojica.
Según un comunicado del Departamento del Tesoro de EE.UU., esas personas persiguieron a ciudadanos disidentes y promulgaron leyes represivas contra el derecho a la manifestación popular. Asimismo, silenciaron medios de comunicación y negaron atención médica a la ciudadanía nicaragüense.
Canadá sancionó también a los antes mencionados con restricciones parecidas y agregó a la lista al consejero de seguridad del presidente, Néstor Moncada; el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, y el comisionado de la Policía Nacional de Nicaragua, Francisco Díaz.
Otros cinco altos funcionarios de la administración Ortega-Murillo no fueron incluidos en esta lista porque ya habían sido sancionados en el pasado.
Tanto Washington como Ottawa remarcaron que no tolerarán lo que consideran “abusos sistemáticos” contra el pueblo nicaragüense, sumergido en una seguidilla interminable de muchos meses de protestas contra el gobierno de Ortega.
“Las violaciones de derechos humanos en Nicaragua no pueden continuar con impunidad. El gobierno de Nicaragua debe rendir cuentas por sus acciones y debe poner fin a la crisis actual a través del diálogo real con los grupos de la oposición”, dijo la canciller canadiense, Chrystia Freeland.
“Como destaca esta acción conjunta con Canadá, Estados Unidos y la comunidad internacional continuarán promoviendo la rendición de cuentas por aquellos que hacen caso omiso de los derechos humanos y fomentan la violencia en apoyo del régimen de Ortega”, anunció el Departamento de Estado estadounidense.
