La Seguridad con Bienestar en Baja California mejoró marginalmente durante la primera semana de mayo, derivado de la entrega de apoyos en materia de salud, alimentación y estímulos para pequeños empresarios por parte del gobierno del estado.
De acuerdo con la radiografía del Índice GLAC, la entidad mantuvo un valor negativo con -0.31 UIG, que posicionó a la entidad en el rango de Inseguridad Limitada con Riesgos Sociales. Con ello se ubicó en el lugar 23 del ranking nacional de calidad de vida, una posición por debajo de la ocupada durante la semana anterior.
El estudio señala que, entre los temas de mayor impacto negativo destaca la información enviada por el gobierno estatal a la Cámara de Diputados, sobre la reclusión de 29 migrantes centroamericanos, detenidos por distintos delitos en cárceles de Mexicali y Tijuana.
Explica que el flujo elevado de ilegales en busca de mejores oportunidades, representa un reto para los lugares de tránsito y destino temporal, ya que la falta de control migratorio puede ser aprovechado por grupos delictivos para incorporar a migrantes en actividades ilícitas.
Se indica que para determinar el nivel de vinculación de estas variables se calculó la correlación entre los casos migración ilegal y el robo en sus distintas modalidades.
Lo anterior concluyó que durante los últimos 8 años la correlación histórica entre estas variables en la entidad fue de 0.73 (asociación alta), lo que indica que conforme han incrementado los casos de violación a la Ley de Migración, el delito de robo también ha crecido.
El estudio señala que Baja California registró su peor valor en el Indicador en 2012, cuando reportó 8.35 casos de violación a la Ley de Migración y mil 963 robos por cada 100 mil habitantes. Equivalentes en números absolutos a 269 casos de migración ilegal y 63,286 casos de robo.
Plantea que en 2018 registró su mejor valor con una tasa de 0.55 casos de violación a la Ley de Migración por cada 100 mil habitantes, equivalente a 20 casos absolutos y 1,120 robos por cada 100 mil habitantes, equivalente a 40 mil 705 casos absolutos.
Hasta marzo de 2019, el estado registró una tasa acumulada de 0.22 casos de violación a la Ley de Migración por cada 100 mil habitantes (ocho casos absolutos) y 251 robos por cada 100 mil habitantes (nueve mil 246 casos absolutos), lo que representó un aumento del 33% y una disminución del 18 por ciento respectivamente, en comparación con el mismo periodo de 2018.
