El Tribunal Supremo de Justicia ha recibido órdenes estrictas de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y número dos del régimen, de allanar la inmunidad parlamentaria y enjuiciar a una decena de parlamentarios opositores por incurrir en delitos que atentan contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Las negociaciones entre altos cargos venezolanos y Estados Unidos, que desembocaron en el movimiento del pasado 30 de abril, dejaron de lado a Cabello, uno de los hombres fuertes de Venezuela, lo que produjo una gran fractura entre las filas del chavismo. Según fuentes consultadas por ABC, marginar a Cabello fue «un grave error del régimen» y, por eso, el número dos de Maduro se está tomando la revancha asumiendo un mayor control político y liderando la represión contra diputados opositores, que han tenido que pasar a la clandestinidad o refugiado en embajadas. Una represión que ejecuta su hombre de confianza y nuevamente director del Servicio de Inteligencia (Sebin), González López.
Una semana después del fallido levantamiento cívico-militar encabezado por el presidente encargado, Juan Guaidó, y el líder político Leopoldo López, el régimen inició una cacería de brujas brutal contra la dirigencia opositora. A diez diputados opositores les retiraron su inmunidad parlamentaria y tienen orden de detención, lo que ha originado una estampida hacia las embajadas de otros países en Caracas. Ninguno ha solicitado hasta ahora asilo político, sino que se mentienen en calidad de huesped.
El plan para expulsar a Maduro no terminó como esperaban y Leopoldo López entró a la residencia del embajador de Chile en Caracas para reunirse con su esposa e hija. Allí se encuentra desde 2017 el diputado Freddy Guevara, segundo al mando en el partido de López, luego que el régimen de Maduro lo acusara de instigación pública continuada durante las manifestaciones antigubernamentales de ese año. «Freddy no quiso ir a exilio porque ya habían muchos dirigentes haciendo el trabajo fuera y pensó que en Caracas podía continuar sus reuniones para la lucha política que emprendió», dijo para ABC Ariana González, compañera sentimental del diputado.
Guevara no puede declarar a los medios ni salir de la legación chilena. Unas condiciones que también fueron impuestas por el Gobierno español a Leopoldo López, quien abandonó la legación chilena y se refugió en la residencia del embajador de España, en calidad de huésped, para evitar la orden dictada por el TSJ en la que se revocaba la medida de arresto domiciliario y pedían su encarcelamiento.
El régimen ha insistido en la captura de los legisladores que integran la Asamblea Nacional, y precisamente, por apoyar la Operación Libertad, fueron tachados de «traicionar la patria». De esos diez diputados, el actual vicepresidente del Parlamento, Édgar Zambrano, ya se encuentra en prisión y los nueve restantes corren el riesgo de engrosar la lista de presos políticos.
Pero antes de llegar a las mazmorras del Sebin o a cualquier cárcel militar del país, varios parlamentarios han decidido usar otras embajadas más como protección. A la residencia del embajador italiano han llegado esta semana los diputados Mariela Magallanes y Américo De Grazia. Argentina, por su parte, ha acogido al parlamentario Richard Blanco.
«Yo estoy sin mi familia en la residencia del embajador en condición de huésped, pero mi lucha es en la calle», dijo Blanco a ABC vía telefónica. En la conversación, aseguró que no tiene restricciones, pero que «no puedo salir porque aquí estoy resguardado. Yo entré y me recibió el embajador con mucho respeto, con mucha consideración. Esta decisión fue consultada con mi familia y es personal, pero será temporal».
En tanto, Mariela Magallanes y Américo De Grazia comparten refugio en la legación italiana. «Están bien, tranquilos y bajo resguardo. Sabemos que todo el que enfrenta a Maduro arriesga su vida. De Grazia era un objetivo militar por denunciar las mafias que controlan el oro en el Arco Minero; y Magallanes por liderar las investigaciones y la lucha contra el Clap, un programa de alimentación para el control social de Maduro», aseguró Diego Mendoza, portavoz de estos dos diputados del partido político La Causa R.
Militares de bajo rango
Los 25 militares que se alzaron el 30 de abril pidieron ese mismo día asilo en la Embajada de Brasil, según confirmó el portavoz de la presidencia Otávio Rego Barros. «Son 25 militares, pero ninguno de ellos es general o pertenece a la cúpula de las Fuerzas Armadas», según dijeron a EFE fuentes de la Presidencia de Jair Bolsonaro.
El régimen venezolano no podría entrar en ninguna sede diplomática para capturar a los opositores. De ocurrir eso, estarían violando la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas -vigente desde 1964- que protege los cuerpos diplomáticos en cualquier parte del mundo. En ese sentido, cada sede y misión diplomática cuenta con inmunidad que tiene que ser respetada por el Estado receptor.
Algunos diputados han optado por el exilio y otros por mantenerse en la clandestinidad. Luis Florido informó que huyo a Colombia por la posibilidad de ser encarcelado. «Me encuentro fuera del país, en Colombia, a resguardo», dijo en un vídeo que publicó en su cuenta de Twitter. La persecución hostiga a 31 parlamentarios: diez están en el exilio; tres presos; siete tienen retirada su inmunidad, cuatro están como huéspedes en embajadas, tres con medidas cautelares y cuatro no reconocidos como diputados.
