El Gobierno español considera que las reclamaciones sobre bienes expropiados por Cuba
son ya, al menos en lo que se refiere a conflicto entre Estados, un caso cerrado.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores señalan a ABC que el planteamiento norteamericano, con la «imposición de una ley más allá de las fronteras -en referencia al Título III de la ley Helms Burton- no es homologable al planteamiento europeo», basado en la negociación de un acuerdo para establecer una indemnización.
«Cuba y España cerraron un acuerdo de Estado a Estado que establecía una indemnización para los afectados en 1986 cuya reapertura está fuera de lugar», recalca Exteriores. En este sentido, señala, «cualquier reclamación que se plantee tendrá que ser, exclusivamente, a nivel particular».
El convenio bilateral, firmado en La Habana el 16 de noviembre de 1986, establecía que Cuba pagara a España 5.416 millones de pesetas (unos 32,5 millones de euros) «como liquidación y finiquito de la indemnización por todos los bienes, derechos, acciones e intereses de las personas naturales y jurídicas de nacionalidad española que han resultado afectadas por leyes, disposiciones y medidas dictadas por el Gobierno de la República de Cuba desde el 1 de enero de 1959 hasta la fecha de la firma del presente convenio, ambas inclusive». Un tercio se abonaría en metálico y el resto en especie.
Un 20% del valor real de los bienes confiscados
Sin embargo, ya entonces se estimó que las cantidades fijadas eran solo una quinta parte del valor real de lo incautado, y hubo gente que no entró en la lista porque desconocía que se estaba elaborando.
En 2003 y 2004, tres sentencias del Tribunal Supremo respaldaron el convenio, pero añadieron que no extinguía el ejercicio del «hipotético derecho de los particulares a recuperar la propiedad confiscada o a conseguir una justa indemnización, planteando, a tal efecto, la correspondiente reclamación ante el actual o ante un posterior Gobierno cubano».
