La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos dio a conocer a la Legislatura local la distribución de los recursos , donde el más beneficiado fue Chalco con 3.5 de los 30 millones de pesos.
Ecatepec y Toluca, en cambio, tendrán acceso cada uno a 3 millones.
Por encima estarán Cuautitlán Izcalli con 3.3 millones y Tlalnepantla 3.2 millones, debido a que la designación del techo presupuestal de cada localidad se realizó en razón del número de habitantes, el índice delictivo reportado al Sistema Nacional de Seguridad Pública y por el número de atenciones brindadas por la Comisión Ejecutiva en cada municipio en Alerta.
Por ello, Chimalhuacán tendrá derecho a pedir 1.4 millones, Ixtapaluca 2.6, Naucalpan 2.3, Nezahualcóyotl 2.2, Tultitlán 2.4 y Valle de Chalco 2.4 millones de peso, que deben solicitarse formalmente antes que concluya este mes, a través de proyectos donde se justifique el trabajo a favor de reducir la alerta que hay en estos municipios.
El documento con el cual la Secretaría de Justicia da respuesta a los exhortos emitidos por la comisión especial para combatir y erradicar la violencia vinculada a los feminicidios en el Estado de México luego que en 2018 se desperdiciaron los 30 millones de pesos porque nadie solicitó esos recursos.
El principal exhorto fue que las diferentes autoridades realicen acciones emergentes destinadas a la prevención de la violencia feminicida contra las mujeres, adolescentes y niñas, por el número de casos registrados en la entidad, en especial en estos 11 municipios que llevan años en alerta sin que mejoren las condiciones para la población.
Los 11 municipios alertados desde 2015 por el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres son: Chalco, Chimalhuacán Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.
De acuerdo a las reglas publicadas en Gaceta de Gobierno el pasado 28 de febrero los 30 millones de pesos serán destinados a talleres, diplomados, certificaciones, capacitación al primer interviniente, difusión de cédulas de búsqueda, adquisición de vehículos para el fortalecimiento de las células de búsqueda y de la policía de género, y para equipamiento para la atención de mujeres víctimas de violencia.
Las condiciones que ponen es que se justifique el monto de los recursos, la difusión de las campañas sea en los municipios y en lugares públicos y concurridos, el alcance de las acciones sea medible y pueda generar resultados, la capacitación sea proporcionada por especialistas y el pago sea directo a los proveedores.
El dinero deberá ser comprobado como gasto a más tardar en el mes de noviembre de este año.
LC
