El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Mancomunidades de la Comunitat Valenciana que presentaron el pasado 17 de enero cincuenta diputados del PP en el Congreso, a petición de la Diputación de Alicante.
Según la providencia dirigida por el TC con fecha el pasado día 12 a la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, se admite a trámite el recurso contra la Ley 21/2018 de 16 de octubre de Mancomunidades de la Comunitat Valenciana, en los artículos 2.3, 12, 13 a 17, 36 y 50 en los apartados 2, 3, 4 y 5, así como la disposición transitoria única del párrafo segundo y anexo.
A partir de ahora, el alto tribunal pide que en el plazo de 15 días los recurrentes se personen en el proceso y formulen las alegaciones que estimen convenientes.
La portavoz adjunta del grupo parlamentario popular en el Congreso, Belén Hoyo, acudió el 17 de enero al TC para presentar el recurso y, a las puertas del Constitucional, consideró que la norma recurrida utiliza la educación «como arma» para «extender el separatismo catalán» a la comunidad.
También adujo que, con esta norma que cree que incumple la Constitución en sus artículos 137, 141 y 149, el PSOE valenciano y Compromís-Podemos no respetan el Estatuto de Autonomía de la Comunitat y fuerzan a los municipios a formar mancomunidades.
Por su parte, el presidente de la Diputación alicantina, el popular César Sánchez, señaló ayer que la admisión a trámite «supone un nuevo freno al proceso catalanista del Gobierno del Botànic, más preocupado por hacer calar su ideario político y lingüístico en la sociedad valenciana que por resolver los problemas reales de la ciudadanía. Dije que le plantaríamos cara al nacionalismo en la Comunitat Valenciana, al separatismo, a quienes quisieran imponer el proceso de catalanización, es decir, al Partido Socialista con Ximo Puig a la cabeza y a Mónica Oltra y su partido, Compromís, y no descansaremos hasta desalojarlos del Consell».
Recordó que la institución provincial ya se opuso al requisito lingüístico, a los decretos de Turismo y Deporte y a eliminar el castellano de las aulas en los colegios de la Comunitat antes de impulsar el recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Mancomunidades, por considerar que «enmascara una Ley de Comarcalización para intentar avanzar en ese proceso de catalanización. Nuestro trabajo será incansable durante los meses que vienen, durante los años que vienen, para decir alto y claro que la Comunitat Valenciana quiere estar en España y formar parte de ella y no dels Països Catalans».
