Desde hace ya cinco años la crisis económica, social y política en la que proceso bolivariano ha sumergido al país, con un poco de ayuda por los errores políticos en que incurrió el liderazgo opositor, generó un descontento creciente en el seno de la población, incluido un amplio sector de los seguidores chavistas.
La situación general devino en catástrofe: hiperinflación, caída alarmante del poder adquisitivo, deterioro creciente de los servicios (agua, electricidad, gas, combustible, salud, internet, etc.), el aparato productivo industrial, manufacturero y agro pecuario en quiebra, escases de alimento, medicinas y de casi todo, delincuencia y corrupción obscena.
El advenimiento de un nuevo liderazgo opositor y el relanzamiento de la Asamblea Nacional (AN, el parlamento venezolano), crearon las bases para la acción política y el diseño de una agenda de trabajo que generó confianza y alimentó la esperanza de una salida a la crisis.
La contundente convicción de la inconstitucionalidad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), así como de las elecciones presidenciales de mayo pasado, con el apoyo nacional e internacional que generó, permitieron al nuevo presidente de la Asamblea Nacional expresar, con toda claridad, la condición de usurpación del poder por parte del presidente Maduro y la voluntad de dar inicio a un proceso de transición política para reemplazarlo.
En este marco situacional, se dio la convocatoria a una concentración popular este 23 de enero, la cual constituyó una manifestación de rechazo sin precedentes, al actual gobierno y a sus desastrosas políticas.
Durante esa impresionante concentración, la cual se dio simultáneamente en las principales ciudades del país, y quizás motivado por ella, el presidente de la AN asumió públicamente, con argumentos basados en la Constitución Bolivariana, la condición de presidente interino.
Las respuestas no se hicieron esperar.
Por el bando oficial, el espurio Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el gobierno, declaró en desacato a la AN y pidió al Poder Público proceder a asignar las responsabilidades legales a que hubiere lugar; el presidente Maduro anunció en un discurso público desde el Palacio de Miraflores el rompimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y dio un plazo de 72 horas para la salida del país del personal diplomático; al mismo tiempo comenzó la brutal represión contra los manifestantes, especialmente en los sectores populares que una vez fueron baluartes del chavismo, el saldo fue de 26 muertos y más de 350 detenidos, también hubo saqueos de algunos negocios y ataques armados contra residencias, protagonizados por grupos mercenarios civiles pero armados que actúan con defensores del gobierno (los denominados «colectivos» o «círculos bolivarianos»).
Por el otro bando, varios países sudamericanos y el propio gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que antes habían reconocido la ilegitimidad de la ANC y del presidente Maduro, reconocieron ahora la condición de «presidente interino» del diputado Juan Guaidó, actual presidente de la AN; también se produjo la amenaza por parte de los EE.UU. de considerar el uso de la fuerza si el gobierno de Maduro no rectificaba en sus políticas y acciones; por su parte la Unión Europea (UE) se pronunció a favor de un proceso de transición que conduzca a elecciones libres y creíbles que restituya el orden constitucional en Venezuela, ha expresado su apoyo a la AN y solicitado respeto a los derechos civiles, así como el cese de la violencia oficial y la represión; ya para este momento varios países europeos han anunciado su reconocimiento al presidente interino y su apoyo a la AN.
Como elemento adicional, pero no menos importante, se han hecho más frecuentes las deserciones de agentes de policía, tropas y suboficiales (unas 6000 hasta ahora), así como los actos de rebeldía e insubordinación en distintos destacamentos de las fuerzas armadas nacionales, especialmente de la Guardia Nacional Bolivariana que ha actuado como fuerza de choque responsable de la represión oficial. Sin embargo, el alto mando militar sigue expresándose a través del ministro de la defensa, a favor del gobierno.
Dicho esto, tengo la percepción de que hemos llegado a un «punto de quiebre» en el proceso político. La oposición está, hoy, unida alrededor del liderazgo indiscutible de la AN y del presidente interino, aunque aun se escuchan las voces disidentes de los opositores que participaron complacientemente en las fraudulentas elecciones presidenciales de mayo del 2018.
Por su parte, el gobierno parece que se ha quedado sin su capital social y el pueblo «chavista» hizo mutis a la convocatoria oficial de apoyo. Así que solo le queda el tibio apoyo de la cúpula militar, a pesar del discurso del ministro de la defensa y en vista de la invitación del TSJ espurio a dialogar con la AN.
El pueblo ha expresado mayoritaria y contundentemente su apoyo a la «hoja de ruta» trazada para la transición democrática, y los signos de descomposición interna del gobierno, son evidentes.
Se trata, entonces, de una coyuntura en que las alternativas son: VENCER o SER DERROTADOS … ¡no hay más opciones!
