El Tribunal de Cuentas ha informado de que existen ayudas de la Renta Básica de Emancipación (RBE) mal abonadas que ya no pueden recuperarse al haber prescrito, pero que ni siquiera están cuantificadas, remontándose algunas de ellas a hace más de diez años. Andalucía es una de las tres comunidades con mayor número de incidencias pendientes de resolver, tras Madrid y Cataluña, con un total de 4.052. Así figura en su informe de fiscalización, al que accedió Ep, sobre las ayudas para renta básica de emancipación de jóvenes, subsidiación de préstamos y otros apoyos a la vivienda del Programa 261N Ayudas para la rehabilitación y acceso a la vivienda, correspondiente al ejercicio 2016.
Ese año se tramitaron pagos por 1,8 millones de euros, sin que la evaluación realizada por el órgano fiscalizador detectara incidencias significativas, considerando «adecuados» los procedimientos de gestión para el pago de las ayudas puestos en marcha por el Ministerio de Fomento, si bien alerta de los problemas de las administraciones a la hora de gestionar reintegros de pagos mal abonados. De hecho, señala que al realizar la fiscalización encontró 60.328 incidencias pendientes de resolver procedentes del período 2008-2014, ya que algunas comunidades no se habían emitido las correspondientes revocaciones o suspensiones de las ayudas. Fomento había llegado a advertir del «escaso porcentaje de resoluciones de revocación y reintegro dictadas en determinados territorios».
La fiscalización sobre las tres comunidades con mayor número de incidencias pendientes de resolver (Madrid, Cataluña y Andalucía) confirma que existen pagos indebidos que se remontan hasta hace más de diez años (2008-2013) sobre los que ni siquiera se ha iniciado el expediente de reintegro, ya prescritas y sin que fuera posible cuantificar su importe, pues por el propio diseño de la ayuda sería necesario un análisis individual de cada expediente.
De las 60.328 incidencias pendientes por resolver detectadas, 6.195 corresponden al ejercicio 2008, 11.841 al de 2009 y otras 13.340 al ejercicio 2010. De estos tres años, la Comunidad de Madrid acumula 9.885 incidencias, Cataluña otras 9.764, y Andalucía un total de 4.052.
En su fiscalización, el tribunal detecta problemas de carácter competencial a la hora de tramitar el reintegro de pagos que se califican posteriormente como indebidos.
