La instalación de las Mesas de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz no debe ser una pérdida de tiempo y de esfuerzos. Instaladas ya en la mayoría de los estado del país, su éxito depende de la voluntad y de la necesidad que tiene la mayoría de los gobernadores por comenzar a calmar sus entidades.
Si bien estas mesas tendrán el liderazgo militar para la implementación de acciones, operativos y rendición de cuentas, no se tendrán resultados si en los gobiernos estatales no comienzan a intervenir proactivamente en la podredumbre en la que se encuentran los municipios en materia de seguridad pública.
Cuando un presidente llega a gobernar, muchos se preguntan cómo, cuándo, quién y dónde le darán la bienvenida, se refieren a una, como aquella que se le dio a Peña Nieto con la explosión en un edificio de Pemex en Ciudad de México a finales de enero de 2013.
El presidente López Obrador no va a tener bienvenida; más bien, los grupos criminales como Jalisco Nueva Generación no se detuvieron al final de la administración de Peña, ya que han seguido delinquiendo, siguen siendo los más violentos que pueden ser y sabedores de la impunidad en la que se priva en estados y municipios, viven un paraíso urgente de enfrentar.
El actual Presidente no tendrá una bienvenida debido a que los hechos delictivos se convierten en su principal preocupación y atención.
La construcción de la paz no puede darse a partir del deseo de que suceda.
La responsabilidad de las fuerzas armadas es un signo positivo de que no está solo el actual gobierno de México para enfrentar el problema. López Obrador conoce el país en su totalidad; sin embargo, lo que no conoció fue la realidad de la seguridad pública en la que está sumido el país y más que señalarlo como una crítica, se apunta porque ahora si lo sabe; ahora es el Presidente de todos los mexicanos, hasta de los que delinquen y de los que prefieren el tentador camino de la vida criminal y la decisión de que los gobernadores tengan autonomía y poder de decisión respecto a la seguridad pública habrá que reconocerla como una excelente decisión.
Tanto gobernadores como alcaldes estarán ahora sí, en el escrutinio y vigilancia de sus gobernados, de sus oponentes políticos y evidentemente del propio Presidente, por lo que solamente quedan dos caminos, enfrentar con responsabilidad su obligación de proteger a sus ciudadanos o permitir que sea la Federación quien se encargue del tema, amén de la incursión a terrenos libres y soberanos.
Los militares no están improvisando, se tiene toda la experiencia para que vía la Guardia Nacional haya resultados; sin embargo, gobernadores y alcaldes, deben entrar en una dinámica donde los “malos” dejen de tomar las decisiones sobre la seguridad pública, es decir, que dejen de controlar a las policías municipales y estatales.
La seguridad no es materia de ocurrencias. La seguridad cuesta y, en este caso, el principal costo será combatir la colusión de la delincuencia en los cuerpos policiacos.
El costo es aceptar que los militares no son los únicos responsables.
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