El mejor tenor del mundo puede soltar un gallo una noche. La tensión, el intento de llevar su garganta al límite. Es un hecho aislado. Pero si el cantante patina en «Rigoletto», «La bohème», «Don Giovanni», «Norma»... entonces ya no estamos ante un suceso puntual. Simplemente desafina.
El burgalés Pablo Llarena Conde, magistrado del Supremo, ha cobrado celebridad como instructor del caso contra los golpistas de octubre de 2017. La democracia española ha tenido mucha suerte con él, pues se ha mantenido firme con la Constitución y la ley en medio de todo tipo de presiones (como no podía ser de otra manera, dada su condición de juez, pero no todos lo hacen). Llarena está casado con otra magistrada, Gema Espinosa, y son padres de dos hijos. Viven en Sant Cugat, cerca de Barcelona, y poseen también una casa pirenaica en la minúscula población de Das. En marzo de 2018, Arrán, juventudes del partido antisistema CUP, pintaron su vivienda de campo con la palabra «feixista». En julio, Llarena y su mujer cenaban en un restaurante de la Costa Brava cuando alguien alertó en Twitter de su presencia. Un grupo de radicales acudió a increparlos a la puerta. Esta semana, encapuchados de Arrán han atacado la entrada de su vivienda barcelonesa, arrojando pintura amarilla a la puerta, el suelo y el interfono, y grabando el acto vandálico en vídeo. No se ocultan. Al revés, alardean de la agresión: «Hoy hemos vuelto a señalar a Llarena y al sistema que apoya». Las vejaciones que sufre en las redes sociales ya ni se comentan.
¿Y qué opina la Generalitat separatista? Su consejera de Justicia le ha restado toda importancia y lo despacha como un mero «acto aislado». Una reacción lamentable, pero previsible, toda vez a que el presidente Torra ha hecho un llamamiento a las juventudes radicales para que «aprieten más» y ha advertido que ignorará la sentencia del Supremo si condena a los golpistas. ¿Y qué opina el Gobierno de Sánchez? Pues es tremendo decirlo, pero más o menos lo mismo. Grande-Marlaska, cada día moralmente más pequeño, ha quitado hierro a la agresión a Llarena, juez como él, y califica lo ocurrido de «sucesos puntuales».
El Gobierno, rehén de los separatistas para que Sánchez pueda seguir haciéndose selfies en La Moncloa, ha optado por la técnica del avestruz. ¿Un hecho puntual? Los padres de Rivera ya han perdido la cuenta de los ataques a su comercio de Granollers. Hace unos días, Manuel Valls no pudo salir del acto de presentación de un libro hasta que los mossos le abrieron pasillo. Carrizosa, de Ciudadanos, sufrió un «escrache» en Tarragona el martes. La semana pasada un pasajero fue agredido en el metro por lucir una gorra con los colores de España. Arrán y los CDR han atacado a personas que retiraban lazos amarillos, han acosado a manifestantes constitucionalistas, ha cubierto de estiércol las puertas de los juzgados y han cortado autopistas y trenes AVE.
Dejar vendido al juez que está defendiendo a España en la primera línea, no decir ni una palabra en su apoyo, es una bajeza que sorprende incluso en Sánchez.
