Suecia va a ser el décimo país europeo que adapte su legislación penal al Convenio de Estambul, que España ratificó hace cuatro años, y en el que se recoge que todo acto sexual no consentido de modo afirmativo, «claro, explícito e idóneo», será una violación.
A partir del próximo 1 de julio y según aprobó ayer el Riksdag (Parlamento sueco), el país que persigue al cliente que «compre» servicios sexuales y no castiga a la prostituta, protegerá a las víctimas de violación con la llamada ley del «solo sí es sí». Por traducirlo a situaciones habituales, un chico que se lleva a una chica bebida o drogada a su casa, sin un consentimiento expreso de que quiere mantener relaciones íntimas, la habrá violado si practica sexo con ella, tal y como dijo en una entrevista a este periódico la ministra sueca de Igualdad, Asa Regner. El ministro sueco de Justicia, el socialdemócrata Morgan Johansson, se felicitó por ello al firmar el proyecto de ley.
«Es una enorme victoria para las activistas de los derechos de las mujeres en Suecia, que llevan más de una década haciendo una campaña infatigable por este cambio», comentó ayer Anna Blus, de Amnistía Internacional.
Un cambio de este tipo requiere «una reeducación sexual» tanto para ellos como para ellas, dice a ABC Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, sabedora de que muchos jóvenes consumen alcohol y luego practican sexo. «Si está bebida o bebido, no es consciente» es el mensaje que repite Besteiro y que tiene que calar entre la población.
Con el mismo fin esta organización presentó ayer junto al Ministerio de Servicios Sociales e Igualdad la campaña «Cortando con la violencia sexual» dirigida, sobre todo «a las jóvenes», apuntilla Besteiro. Se reprende a los jóvenes y se les dice que «no están ligando, sino acosando» cuando cercan a una mujer en el metro o en una discoteca. Otra imagen de la campaña es un joven adusto al que su pareja le pide por WhatsApp una fotografía y le envía un «pene». «Tienen que entender que no es una situación cómoda, clarificar cuándo se produce violencia sexual e identificar a sus responsables», añade la presidenta de la entidad de corte feminista.
Con la regulación sueca no se puede abrir la diatriba que se dio con el caso de «La Manada», defienden varios abogados penalistas. Para Besteiro, «no se da el doble sentido, es agresión sexual o violación si la víctima no ha manifestado que quiere mantener sexo con cinco chicos a la vez en un portal».
Suecia y Noruega (aún más rígida para estas situaciones) aplican un «listón» judicial más bajo para considerar un acto como «acoso» sexual o violencia de un género a otro. Es por ello que sus estadísticas de casos son más abultadas y Eurostat refleja que son los países donde más situaciones sexistas se dan de toda Europa, junto a Alemania y Rusia. Lo que ocurre es que las condenas a sus autores son mucho menores, algo que se pretende solventar con este endurecimiento de su ley.
Según un informe publicado por el Consejo Nacional de Prevención Criminal (Brå), el número de delitos sexuales denunciados en Suecia aumentó el año pasado en un 8% (1.600 denuncias), y el número de violaciones reportadas en particular aumentó en un 10%: 663 denunciaron violaciones más que en 2016 y alcanzaron un total de 7.230. Las instancias reportadas de abuso sexual también crecieron en un 3% (326 informes) a 10.800 y se reportaron casos de coacción sexual y explotación en un siete por ciento (1.330 informes). Los ataques sexuales a niños menores de 15 aumentaron en un 8% y en el caso de las niñas de la misma edad disminuyó un 4%.
Tampoco es sexo consentido si el acusado abusa de su posición de poder o dependencia de la víctima, si hubo amenazas o violencia, o si la víctima estaba en una situación vulnerable (inconsciente, bajo los efectos del alcohol o drogas, herida o afectada por algún trastorno mental o paralizada por miedo). Además, si el fiscal prueba la intención de violar, el acusado será condenado por violación. La particularidad de la ley sueca es que define por primera vez la definición de «violación negligente», que supone que el hombre mayor de edad «debería haber sido consciente de que la otra persona no consintió». La falta del mismo, que se expresa con «palabras o hechos concluyentes», será motivo de la entrada en prisión durante cuatro años de ese hombre. En España, el Código Penal precisa que para que haya violación ha de haber «intimidación o violencia», origen de la controversia de la sentencia dictaeda en Pamplona.
Blus se quejó precisamente de que «la mayoría de los países europeos siguen definiendo la violación basándose en la fuerza física, la amenaza o la coacción, definiciones desfasadas que causan un daño inmenso: aunque queda aún un largo camino que recorrer, esperamos que la decisión de hoy anuncie un cambio en la legislación y las actitudes en toda Europa», confió.
