La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) reiteró hoy a través de un comunicado su llamado a suspender las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 20 de mayo, la cuales, opinó, se celebrarán sin garantías suficientes.
La elecciones "tal como están concebidas, sin las suficientes garantías que identifican todo proceso electoral libre, confiable, transparente, con innumerables inhabilitaciones de posibles candidatos, lejos de aportar una solución a la crisis que vive el país, pueden agravarla y conducirlo a una catástrofe humanitaria sin precedentes", indicó la CEV.
La alta jerarquía católica venezolana valoró como "urgente" postergar estas elecciones "para el último trimestre del año". La CEV sostiene que "la crisis generalizada" que se vive en el país tiene como consecuencia directa "la indiferencia ante una campaña electoral que no ha tenido emociones, ni proyecto país, ni un número considerable de seguidores".
Esto es, afirmó, la muestra de que "en el fondo el pueblo entiende que la convocatoria a estas elecciones ha sido hecha con tanta antelación por ventajismo e intereses políticos".
La CEV, que ha sido siempre crítica al Gobierno chavista, indica que a la luz de estos hechos "se deslegitima la realización de las elecciones presidenciales". "Esta petición que hemos hecho por el bien del país, sigue vigente ante la importancia que reviste una elección presidencial", agregó en el escrito al tiempo que sentenció que "no se puede anteponer el interés de pequeños grupos políticos, ante el interés de la gran mayoría de la población venezolana".
El próximo domingo, los venezolanos podrán escoger entre el presidente Nicolás Maduro, quien aspira a la reelección, el exgobernador Henri Falcón, el pastor evangélico Javier Bertucci y el ingeniero Reinaldo Quijada, los cuatro que hasta ahora se mantienen firmes en la liza.
Maduro esta a punto de terminar su primer periodo y va a las urnas por la reelección, con los principales líderes de oposición presos, evadidos de la justicia por liderar actividades antigubernamentales o inhabilitados por investigaciones administrativas.
La principal alianza de oposición en el país, la Mesa de la Unidad Democrática, anunció hace meses su intención de no participar en estas elecciones bajo estas condiciones, entre otras razones, porque prevén que serán "fraudulentas", y además han emprendido una campaña para llamar a la abstención.
