El Govern de Carles Puigdemont estaba advertido. Responsables de los Mossos d’Esquadra se reunieron el 28 de septiembre con la cúpula del ejecutivo de la Generalitat y le alertaron de que se preveía «una escalada de violencia, con brotes importantes de enfrentamiento» para el referéndum independentista. Así lo pone de manifiesto la euroorden de detención contra el expresidente de la Generalitat fugado y emitida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que procesó a la cúpula independentista por rebelión entre otros presuntos delitos.
«Los responsables del Gobierno presentes en esa reunión conocían sobradamente los riesgos de violencia», según la orden europea e internacional de detención y entrega de Puigdemont, a la que ha tenido acceso ABC.
Llarena recuerda en su escrito que ese encuentro entre la cúpula del Govern y los mandos policiales se produjo el jueves 28 de septiembre, solo ocho días después del «asedio de hasta 60.000 manifestantes» a la Guardia Civil que, en opinión del magistrado, se produjo a las puertas de la Consejería de Economía durante una serie de registros ordenados por el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que investiga los preparativos del referéndum.
Además de Puigdemont, a aquella reunión con los mandos de los Mossos d’Esquadra asistieron el que era vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y el entonces consejero de Interior, Joaquim Forn. Ambos están actualmente en prisión preventiva.
Siguieron adelante
Llarena recuerda en su auto que, pese a estas advertencias, el Govern independentista decidió seguir adelante con la consulta. Durante la jornada de votaciones del 1 de octubre, especialmente durante la mañana, se produjeron graves disturbios en los colegios electorales y en sus inmediaciones, con decenas de heridos durante las cargas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en el operativo para retirar las urnas.
Los incidentes del 1 de octubre, en Barcelona y en otras ciudades catalanes, propició la apertura de múltiples procedimientos judiciales, todavía en fase de investigación. Algunas causas están abiertas por la supuesta desproporcionalidad de la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional; otras, por la presunta inacción de los Mossos para frenar la consulta y otras más, por la utilización de datos personales para las votaciones.
Objetivo: la independencia
Puigdemont y los consejeros de su Gobierno tenían como última finalidad conseguir la independencia de Cataluña respecto del resto de España. Lo señala Llarena en la misma euroorden: «Dicha independencia era el objetivo que pretendía alcanzarse en todo caso; primeramente mediante un acuerdo pactado con el Gobierno español y, en caso contrario, de manera unilateral y forzando al Gobierno a asumir una situación de hecho que buscaba crearse. Para ambos supuestos contaban con utilizar la movilización popular».
Llarena detalla la hoja de ruta seguida por el Gobierno catalán que, pese a las reiteradas advertencias de anticonstitucionalidad, siguió firme en su «permanente» y «obsesiva» intención de crear unas «estructuras de estado» para una república catalana independiente del resto de España.
El papel de ANC y Òmnium
El escrito del magistrado tampoco pasa por alto el papel de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural durante la traca final del «procés». Las entidades independentistas fueron partícipes de una acción coordinada con la Generalitat y el Parlamento catalán.
Concretamente, el papel de la ANC y Òmnium fue el de «favorecer la creencia –entre la ciudadanía catalana– de que la proclamación de independencia era perfectamente viable». En resumen, «alentar a las masas», en palabras del propio juez Pablo Llarena, que señala directamente a sus líderes, Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium), que a día de hoy están en prisión preventiva.
El gasto de la consulta
La orden de detención de Puigdemont también hace una estimación de los fondos públicos que supuestamente se usaron para poder consumar el referéndum independentista. Fueron un total de 1.602.001,57 euros, según la «evaluación hasta ahora practicada». Así lo recoge el escrito del juez Pablo Llarena.
