La pelea por los derechos pasa por la calle. Así lo han entendido los miles de interinos que trabajan desde hace años con contratos temporales en la educación pública. Ni tribunales –no han dado el paso– ni negociación con la Consejería –por la negativa de ésta–, donde gobierna desde hace unos meses la ex sindicalista de UGT Sonia Gaya. La consigna es «quienes están, se quedan». Y las protestas llegan a la par que una convocatoria de oposiciones histórica que rompe con las ofertas raquíticas de los últimos años. El lunes y el viernes respondieron con protestas y la convocatoria de huelga se mantiene hasta el día 23. El primer día, la Junta cifró el seguimiento en el 2,8%% y los convocantes en el 50%.
El jueves estaba convocada la Mesa sectorial. El sindicato Ustea la abandonó tras el «no» de la Consejería a abrir un proceso que desemboque en un plan de estabilidad para quienes acumulen determinados años dando clase en la pública o superen una edad establecida. Ustea propone que se les garantice en el futuro un contrato cada año; no serían funcionarios pero tendrían trabajo asegurado. «La oferta de empleo público busca reducir la interinidad al 8%, pero a costa del personal que está trabajando. Entendemos que es una falta de sensibilidad ante un problema que han causado las propias administraciones», se queja Pedro del Pozo, responsable de Acción Sindical de Ustea Enseñanza. «No priman el tiempo de servicio y hay que tener en cuenta que muchas de estas personas han aprobado varios de estos procesos sin obtener plaza», recalca.
En junio, serán también miles los aspirantes que opten a una de las 5.400 plazas de Secundaria –el grueso, 4.229– , FP y las escuelas de arte. Un 24% del profesorado es interino y tiene por tanto contratos de un año que cada curso se renuevan –11.900 de una plantilla de 48.100–. En algunas especialidades, como las escuelas de arte, hay prácticamente los mismos funcionarios que eventuales. Esto permite a la Junta disponibilidad total para cambiarlos de destino, en cualquiera de las ocho provincias, en función de las vacantes libres que haya al inicio de cada curso. Los maestros están más cerca de conseguir el 8% firmado por el Gobierno para la estabilización de funcionarios, con cinco mil interinos de una plantilla de 49.000.
La Consejería justifica que se ha conseguido que el Ministerio no introduzca modificaciones al temario en las dos próximas convocatorias, ampliar de cinco a siete los puntos de la experiencia docente contabilizables, o que el peso de la nota pase a ser 60% el examen y 40% los méritos. También ha suprimido la obligatoriedad de presentarse para continuar en la bolsa de trabajo. Pero los exámenes seguirán siendo eliminatorios: si no se aprueba el teórico, no pasarán al concurso y la experiencia profesional no tendrá ninguna validez. Ustea, explica Del Pozo, siempre ha defendido que los interinos tengan una vía exclusiva de acceso, algo que atentaría contra los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
De momento no se plantean demandar a la Junta para exigir su consideración como personal laboral indefinido, pese a que ya existen condenas favorables en este sentido por ejemplo en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) o en administrativas de la propia Consejería de Educación. En cualquier empresa, a los tres años deberían hacerlos indefinidos o despedirlos con una indemnización. A las administraciones les basta con no llamarlos el curso siguiente.
