El pasado mes de junio, unos 500 alcaldes catalanes manifestaron su apoyo a la celebración del referéndum de independencia del 1 de octubre en un acto en Barcelona.
Pese a las advertencias del Tribunal Constitucional, continuaron manifestando su voluntad de llevar a cabo la consulta, razón por la que fueron citados a declarar ante el TSJC por desobediencia a resoluciones judiciales.
Más de la mitad, viajaron el pasado 6 de noviembre a Bruselas, bastón de mando en mano, para apoyar al recién fugado Carles Puigdemont.
La mayoría continúan siendo investigados por los tribunales, bien el TSJC, bien el Supremo. Por lo pronto, la Fiscalía ha pedido el archivo de la denuncia contra el edil de Caldes de Montbui, Jordi Solé, al no hallar indicios de delito en sus actuaciones.
El Chivato ha escuchado los argumentos de la Fiscalía, entre los que se encuentran los siguientes: por un lado, el TS no es partidario de convertir la instrucción contra del 1-O en una macrocausa con decenas de imputados. Sería algo “ingobernable”.
Por otro, alegan razones de conveniencia política: “a los independentistas les encantaría que el juez ordenara fletar un AVE Barcelona-Madrid para traer a los 500 alcaldes esposados al Supremo, y que acudiera la BBC a grabarles”. La ‘berlanguiana’ imagen daría la vuelta al mundo en las redes sociales y conseguiría reforzar el “victimismo” de los imputados.
