El Gobierno busca a marchas forzadas una salida para el «lío» que le supone encontrar una salida a su compromiso de garantizar que el castellano sea también lengua vehicular en Cataluña, además del catalán, en el nuevo curso escolar. Si no hay ya un nuevo presidente de la Generalitat y echa a andar la nueva legislatura, el Ejecutivo central tendrá que retratarse en la gestión de las normas de preinscripción que es necesario formalizar en estas fechas para que en septiembre arranque el curso porque suyas son las competencias de la Generalitat en tanto siga en vigor el artículo 155 de la Constitución.
Fuentes del Gobierno admiten que el fallo del martes del Tribunal Constitucional (TC) contra la «ley Wert» para escolarizar en castellano ha acabado de descolocar sus planes. Si ya planteaba serias dificultades la propuesta «en estudio» de Educación para aprovechar el artículo 155 para que los padres puedan elegir en el proceso de matriculación entre castellano y catalán como lengua vehicular, el pronunciamiento del Alto Tribunal complica aún más la solución. El Gobierno ya no tenía, de hecho, el apoyo del PSOE para ir por ese camino con el 155.
Las fuentes consultadas admiten que están obligados a estudiar el pronunciamiento del TC, y también reconocen que ha sido un error no haber previsto antes un plan para responder «a la posibilidad más que probable» de que hubiera bloqueo y de que tuvieran que enfrentarse a decisiones difíciles en una materia tan sensible como ésta durante el tiempo de intervención de la Generalitat.
Lo único seguro es que la iniciativa de la dirección popular se materializará en una proposición de ley o no de ley en el Parlament que tenga como objeto impugnar el actual modelo educativo catalán. Tanto como pedir su reforma para acabar con el blindaje de la inmersión lingüística. Lógicamente con sus cuatro escaños el partido de Mariano Rajoy no tiene margen para modificar nada. Es una iniciativa más dirigida a forzar que se retraten los demás partidos constitucionalistas, sobre todo el PSC, y con la que poner sordina a las dificultades para materializar el anuncio del secretario de Estado de Educación y del ministro del ramo, Íñigo Méndez de Vigo, de que tomarían medidas para garantizar la libertad de elección de los padres.
En el 98 el Tribunal Supremo (TS) dictaminó que en Cataluña tenía que haber como mínimo un 25 por ciento de las asignaturas en castellano, principio que la Generalitat ha vulnerado sistemáticamente. Y ahí está el reto al que se enfrenta el Gobierno. Ayer, en el Congreso, Méndez de Vigo defendió la reforma educativa que aprobó el PP con su mayoría absoluta, pese al fallo del TC, en respuesta al portavoz de Cs Juan Carlos Girauta, que la tachó de «parche vergonzante». Girauta advirtió de que sin la alta inspección lingüística y sin el castellano como lengua vehicular en toda España, junto con las lenguas cooficiales, no habrá un Pacto por la Educación. El ministro le contestó que «ni este Gobierno ni ninguno puede modificar el modelo educativo de una comunidad ni con el artículo 155 ni sin él», y que la Ley de Educación catalana de 2009 está plenamente vigente.
«Sólo puede cambiarla el Parlamento catalán», reconoció.
