La falta de transparencia de la Junta se puso ayer de manifiesto en la comisión parlamentaria de Empleo en un doble sentido. Por un lado la diputada del PP-A Teresa Ruiz-Sillero sometió al consejero del ramo, Javier Carnero, a una suerte de tercer grado con un bloque de once preguntas sobre formación que debieron tener respuesta hace más de un año. Al pasar todos los plazos, el Reglamento de la Cámara obliga a que las preguntas dirigidas por escrito se ventilen oralmente en comisión. Las explicaciones de Carnero fueron en cualquier caso escuetas respecto a las medidas adoptadas por la Junta tras los informes de actuación que abrió la Intervención en siete de las ocho provincias debido a las irregularidades detectadas en la gestión de los cursos. El Gobierno andaluz sigue sin dar datos concretos sobre las empresas a las que le abrió expediente de reintegro a pesar de que la parlamentaria del PP-A insistió en recordarle las vinculaciones de algunas de ellas con ex dirigentes del Partido Socialista. Citó Observa o sociedades del conglomerado del ex consejero socialista Ángel Ojeda Avilés –uno de los principales investigados en la causa– como la Asociación de Empresas Aeronáuticas. El PP-A pedirá la comparecencia del interventor general para que explique en comisión parlamentaria si la Junta ha acatado las recomendaciones que apuntaban los citados informes de actuación.
Javier Carnero se defendió asegurando que el bloque de preguntas acumuladas sin respuesta escrita se derivaban de la etapa anterior en la que estaba al frente José Sánchez Maldonado. En cualquier caso calificó de «muy grave» la dilación. «Intentaremos que no vuelva a ocurrir». Respecto a los informes de actuación que abrió la Intervención tras el control financiero especial de los años 2009 a 2012, detalló el estado de los expedientes en todas las provincias salvo en Almería, que fue la única que no contó con esta alarma por parte del máximo órgano de fiscalización interna. Del muestreo o la cata de expedientes seleccionados, en algunos casos los reintegros alcanzan el 90 por ciento. Así ocurre, por ejemplo, en Cádiz, ya que los reintegros afectan a 10 de los 12 analizados. La situación es parecida en Córdoba, con reintegro de 61 de los 68 expedientes. En otras provincias, sin embargo, la proporción baja sensiblemente dado que en Granada por ejemplo los reintegros copan 19 expedientes de la muestra de 82.
Con todo, lo más novedoso no son las irregularidades. Esta circunstancia ya la pusieron de relieve los informes de la Intervenvención, que alertó incluso de menoscabo de fondos públicos en provincias como Huelva. Lo llamativo es que tres años después de trascender estos informes –fechados en 2015– en algunas provincias aún se está revisando un número elevado de expedientes. Este hecho dio pie a uno de los enfrentamientos más duros entre Ruiz-Sillero y el consejero de Empleo, Empresa y Comercio. «¿No le da vergüenza que aún se estén revisando 57 expedientes en la provincia de Granada?», deslizó la dirigente del PP-A. «¿Ha caducado alguno?», insistió Ruiz-Sillero. «Hasta que los reintegros no sean firmes y pasen a vía ejecutiva», deslizó el consejero, la Junta no puede dar datos.
