Unidos Podemos presentó un recurso contra las disposición adicional 26a 1, a) y b), que trata sobre las limitaciones a la incorporación de personal laboral al sector público.
Y también contra la disposición 34a. 2 que se refiere a las responsabilidades en las Administraciones Públicas y entidades dependientes de las mismas por la utilización de la contratación laboral en el inciso "ni a personal de empresas que a su vez tengan un contrato administrativo con la Administración respectiva".
Con la admisión a trámite, el Tribunal acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, que disponen de un plazo de quince días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones.
Con todo, el alto tribunal recuerda que la admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del citado asunto, algo que el tribunal resolverá en próximas fechas.
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