Amsterdam y Wales cargan contra el Gobierno por crear un sistema fiscal basado en la "coacción" y el "miedo": "Hacienda es una mafia"
La ofensiva internacional contra la Agencia Tributaria española suma un nuevo capítulo. El abogado Robert Amsterdam y el fiscalista Christopher Wales, que en los últimos años han protagonizado diversas campañas de denuncia contra el funcionamiento de Hacienda, vuelven a situar el foco sobre España con la publicación del libro "Hacienda y el Estado Dual", una radiografía crítica de la Agencia Tributaria y del infierno fiscal de España. Sus autores, el abogado fundador de Amsterdam & Partners LLP y el economista y asesor fiscal Christopher Wales, sostienen que España ha desarrollado un “Estado fiscal dual” en el que los derechos formales (Estado normativo) de los contribuyentes se ven pisoteados por una gestión arbitraria y coercitiva de la Administración tributaria (Estado prerrogativo), dos modelos de autoridad que coexisten de forma incómoda e incluso simbiótica, y que dan lugar a un problema de Estado de derecho y derechos humanos.
Robert Amsterdam habla de métodos de coacción propios de la China comunista, de la Rusia de Putin y peores que los de algunas dictaduras africanas e incluso de la Alemania nazi: "Hacienda es una mafia. Los poderes están calibrados para estrujar a los españoles. Es un cáncer. Usa instrumentos de tortura". "Empujan y empujan los límites de la ley hasta que no hay ley", ha denunciado Wales en la presentación del texto. Por ello, los autores reclaman una reforma íntegra porque "no puede permitirse que la administración tributaria se convierta en el Estado entero".
Las críticas se han dirigido contra María Jesús Montero, exministra de Hacienda, y Pedro Sánchez. "Montero insulta a todos los españoles hablando de que cometen fraude. Los españoles son increíblemente honestos comparados con los sinvergüenzas de los que leemos a diario en la prensa que malgastan el dinero público. El fraude está en el Estado. Esta es la clave de la crisis de Sánchez [...] El sistema de parálisis y corrupción en España está expuesto para que todos lo vean. Ni siquiera es discutible. [...] Hay que juzgar a Hacienda por todos los casos de corrupción vinculados a Sánchez porque tenía los datos y no hizo nada", ha reclamado Amsterdam. “Si quieren hablar de fraude, que miren los 10.000 millones de euros de fondos de la UE desviados”, ha añadido. El abogado británico, además, ha cargado contra la prensa que respalda la actuación del Gobierno, poniendo el foco en El País: "El País es un escándalo que no debería existir. Está controlado por el Gobierno. Es el Pravda".
El libro toma como punto de partida la teoría del "Estado dual" desarrollada por el jurista alemán Ernst Fraenkel para analizar el funcionamiento de la Alemania nazi y posteriormente utilizada para estudiar otros gobiernos tendencias autoritarias o represivas. Según esta teoría, una administración puede mantener formalmente las garantías y procedimientos propios del Estado de derecho mientras amplía en la práctica su capacidad de actuación discrecional. Los autores sostienen que, en España, este fenómeno no responde a excesos aislados ni a errores puntuales, sino a un "patrón estructural" en el que la presión administrativa se ha convertido en una herramienta habitual de gestión tributaria.
La crítica trasciende el ámbito jurídico para adentrarse de lleno en las consecuencias económicas. Los autores argumentan que tras este Estado dual subyace una voracidad recaudatoria para hacer frente a un gasto público en máximos que siempre supera a los ingresos. Amsterdam y Wales afirman que la Agencia Tributaria española carece de “los controles y contrapesos necesarios para una administración tributaria del siglo XXI”. Incluso sostienen que “inspira miedo y odio a partes iguales entre todos aquellos con quienes entra en contacto” y que su actuación "frena la inversión y la creación de empleo, perjudicando el rendimiento económico de España y, como resultado, deja a sus ciudadanos mucho más pobres que el resto de la UE".
El libro identifica los problemas clave del Estado fiscal dual español, entre cuyas prácticas coercitivas destaca el sistema de bonificaciones a los inspectores -a los que Amsterdam llama "depredadores", porque se benefician del dinero que sustraen y no son penalizados cuando cometen errores- vinculado al rendimiento recaudatorio, al que atribuye un potencial efecto coercitivo, ya que pueden moldear el comportamiento de los funcionarios para alcanzar objetivos financieros fijados en las esferas políticas. "En España se ha traspasado esa línea roja. El Gobierno ha dado a los inspectores de Hacienda la motivación que no hay en otros países", subrayan los autores. "Las bonificaciones son completamente corruptas. Es ilegal. Es corrupción", sentencia Amsterdam.
Según recogen algunos acuerdos alcanzados con los sindicatos, las bonificaciones por productividad alcanzaron los 125 millones de euros en 2025. Aunque la AEAT sostiene que estos incentivos representan únicamente el 1,4% de la remuneración total, los autores ponen en duda esa cifra y recuerdan que las directrices de la OCDE "no respaldan las bonificaciones vinculadas a los ingresos para individuos, como las de la AEAT, debido al riesgo de evaluaciones sesgadas y a la presión por llegar a acuerdos".
Los autores también ponen en el foco los amplios poderes de recopilación de información de la Agencia Tributaria incluido el uso de IA y big data, tecnología, aseguran los autores, de origen israelí. Señalan la emisión de liquidaciones que corrigen otras previamente aprobadas y el recurso frecuente a la figura de la "simulación", especialmente frente a pequeñas empresas y emprendedores, con el objetivo de perseguir presuntos fraudes antes incluso de que estos se materialicen. El libro también critica que los contribuyentes deban agotar la vía económico-administrativa ante tribunales que dependen del poder ejecutivo del Estado y no del poder judicial antes de acceder a un tribunal independiente. Según la obra, esta estructura genera una ventaja procesal para el Estado y la lentitud y el coste de los tribunales judiciales los hace en la práctica inaccesibles. "Hay muy pocas oportunidades para que los contribuyentes reten a Hacienda", insiste Wales.
La publicación también cuestiona la exigencia de abonar las liquidaciones y aportar importantes avales para suspender su ejecución mientras se tramitan los recursos. Asimismo, denuncia que la Administración concentra una parte significativa de sus esfuerzos inspectores en contribuyentes con elevados ingresos y escasa capacidad de negociación, cuyas regularizaciones pueden generar una recaudación sustancial. "El contribuyente seleccionado es considerado culpable desde el inicio", denuncian, y son elegidos por ser figuras disidentes o incómodas para la Administración, como ha ocurrido en el caso de Shakira que finalmente ha demostrado ser inocente. "Pese a ello, Hacienda ha recurrido. Te arrastran tanto tiempo que ya no quieres pelear con ellos", afea Amsterdam.Christopher Wales señala que la tasa media de casos perdidos en los que Hacienda se enfrenta a un contribuyente oscila entre el 5% y el 10% y en los países desarrollados. En España, la tasa de pérdida es del 70%.
Entre las prácticas abusivas, el libro también menciona el uso de la amenaza explícita o implícita de cambiar el procedimiento administrativo a un caso penal para presionar a los contribuyentes a llegar a acuerdos, incluso cuando no existirían indicios suficientes de intencionalidad fraudulenta. También critica que un mismo equipo inspector controle todo el procedimiento administrativo, la presunción de veracidad de los informes de la Inspección -que desplaza la carga de la prueba hacia el contribuyente- y diversas limitaciones a la transparencia, como la retención de pruebas relevantes, las restricciones de acceso al expediente o la revelación tardía de la fundamentación jurídica. A ello añade el uso excesivo de reales decretos para legislar, que socavan el control democrático y los derechos de los contribuyentes; la publicación de listas de morosos; el uso de “auditorías punitivas” y de filtraciones de información confidencial de los contribuyentes con motivaciones políticas; la imposición prematura y automática de sanciones sin acreditación previa de culpabilidad y la adopción de inmovilizaciones y embargos unilaterales que, en determinados casos, se ejecutan sin autorización judicial previa ni un recurso efectivo.
Para desmantelar este sistema en el que "la coacción va por delante" de la ley y volver a situar la estructura fiscal española dentro de Estado de derecho, se necesita "reducir la concentración de la facultad discrecional en la inspección, eliminar las estructuras de incentivos vinculadas a la recaudación, imponer plazos de inspección con consecuencias jurídicas reales, garantizar un acceso significativo al expediente desde las primeras fases del procedimiento y asegurar mecanismos de suspensión y revisión que no dependan de avales financieros desproporcionados". "Vamos a seguir así hasta que estos bastardos corruptos dejen de arruinar la vida de gente inocente, honesta y buena en España", ha asegurado Robert Amsterdam.