Gobernar es escoger perdedores, por Mónica Muñoz-Nájar
Imagine que sale del supermercado con la cuenta más alta que recuerda haber pagado en años, pero al revisar las bolsas encuentra apenas un par de productos. O que llega la cuenta del restaurante y el monto es desproporcionado para los pocos platos que efectivamente comió. Algo parecido nos pasa como país. En el Perú gastamos cada vez más y recibimos cada vez menos a cambio.
En la última década, el gasto público creció de manera sostenida. Entre 2015 y 2025, las planillas estatales se expandieron 155% en términos reales, mientras la inversión pública en infraestructura, saneamiento y conectividad lo hizo en 113%. Y, sin embargo, la pobreza monetaria cerró 2025 en 25.7%, cinco puntos por encima del nivel prepandemia; la anemia infantil en menores de tres años se mantiene en 43.4% y los aprendizajes escolares siguen sin recuperar el terreno perdido. Algo no cuadra entre lo que pagamos y lo que recibimos.
La explicación más común es que falta plata o que falta gestión. Las dos son ciertas en parte. Pero hay un problema adicional que rara vez se enuncia con todas sus letras: en el Perú no hay una idea clara de qué país queremos construir, ni voluntad política para sostener esa idea frente a los intereses organizados que se resisten a ella. Sin esa brújula, las decisiones de política pública no responden a un plan, sino a quién está empujando en cada momento. Y los que empujan rara vez coinciden con quienes más necesitan que algo cambie.
Aquí cabe explicar el título, que puede sonar provocador. Gobernar es escoger perdedores porque toda decisión de política pública distribuye costos. A veces afecta directamente a un grupo de personas y siempre tiene un costo de oportunidad: la decisión no tomada, qué otra iniciativa se hubiera podido financiar con ese presupuesto. Incluso no decidir es una forma de decidir.
Las reformas que un país necesita rara vez son indoloras. Casi todas implican retirar un privilegio, eliminar una renta, exigir un esfuerzo o quitarle algo a alguien para mejorar la situación del conjunto. Eliminar exoneraciones sin justificación, exigir evaluación de desempeño a servidores públicos o reestructurar empresas estatales que drenan recursos tiene beneficiarios difusos, como “los ciudadanos”, “las próximas generaciones” o “el país”, y perdedores concretos y organizados. La diferencia no está en si una decisión deja perdedores, porque siempre los deja. La diferencia está en quién los escoge y con qué criterio: si los escoge un gobierno con prioridades claras, o si los escogen, por omisión, los grupos con más capacidad de presión.
Quién empuja, qué se aprueba
En el Perú se ha vuelto costumbre aprobar aquello que tiene quien lo impulse. Los grupos con mayor capacidad de llegada al Ejecutivo y al Congreso, gremios magisteriales, directorios de empresas estatales y otros grupos organizados que defienden intereses específicos, van obteniendo beneficios sucesivos, muchas veces muy costosos para el país, sin una contraparte clara en productividad o bienestar para la mayoría de peruanos. Mientras tanto, los hogares en pobreza, las familias con inseguridad alimentaria, los jóvenes que no consiguen empleo formal o los becarios potenciales que se quedan sin convocatoria no tienen vocería en esa mesa.
Más que una crítica a grupos organizados, sindicatos o gremios, es una crítica a un sistema que asigna recursos por presión y no por evidencia sobre qué genera más bienestar. Los ejemplos abundan. Petroperú ha recibido miles de millones de soles en rescates mientras sigue operando con graves problemas financieros. La compra de aviones de combate puede tener justificación de defensa, pero exige discutir qué otras urgencias desplaza. Y en educación, los beneficios al magisterio han crecido mucho más rápido que los aprendizajes. El patrón es el mismo: se atiende al actor con presión, pero rara vez se pregunta qué resultado compra el país con ese gasto.
Un golpe que dolerá más adelante
El caso CAS muestra con especial claridad esta forma de gobernar por presión y no por propósito. El CAS nació en 2008 como un régimen temporal y debía desaparecer con la Ley del Servicio Civil de 2013. Trece años después, menos del 1% de los servidores públicos está bajo Servir. En marzo de 2026, una nueva ley otorgó a los trabajadores CAS gratificaciones y CTS equivalentes a las de los nombrados, sin concursos de mérito ni evaluaciones de desempeño. Además, ordenó financiar esos beneficios sin recursos adicionales del Tesoro, lo que obliga a reducir bienes y servicios para cubrir planillas más rígidas.
¿Quién ganó? Los trabajadores CAS, que pedían protección después de años de precariedad. ¿Quién perdió? La reforma del servicio civil, que ya venía estancada y ahora queda sin sentido económico para muchos trabajadores. Pierden también quienes ya no podrán ser contratados como CAS y serán empujados a órdenes de servicio, la única figura que les queda a las entidades públicas para tener algo de flexibilidad, sin protección laboral ni social. Y pierde el ciudadano que seguirá dependiendo de un Estado sin meritocracia, evaluación ni rendición de cuentas para enseñar, curar, regular, fiscalizar y ejecutar inversión.
Es difícil pensar en una decisión que ilustre mejor la lógica de esta columna: una medida que beneficia a un grupo identificable y organizado, sin un debate público serio sobre lo que se sacrifica a cambio.
Lo que viene
Lo que viene
En pocas semanas tendremos un nuevo gobierno. Quisiera cerrar pidiéndole una idea de país, voluntad de reforma y honestidad para nombrar a los perdedores de cada decisión. Pero la experiencia de la última década obliga a ser más cautos. Para que cambie la trayectoria reciente del Ejecutivo y del Congreso se necesita una sociedad que exija, y nuestra capacidad como sociedad para exigir las reformas, para sostener la presión más allá del titular de la semana, se ha venido erosionando casi al mismo ritmo que el aparato estatal que debería ejecutarlas.
Lo que sí está claro es lo que sigue si nada cambia. Por un lado, el próximo gobierno recibirá un Estado más caro, planillas más rígidas y una reforma del servicio civil reducida a escombros. Y por el otro lado, se enfrentará a los mismos grupos organizados, con la misma capacidad para pedir y presionar.
Gobernar es escoger perdedores. Cuando nadie quiere escoger, los que terminamos perdiendo somos todos.