José Luis Ortiz es acusado de haber actuado como operador en la presunta organización criminal 'Los Waykis en la sombra', en la cual habría tenido el objetivo de nombrar subprefectos en las regiones de Cajamarca y San Martín. De acuerdo con las autoridades, Ortiz Marreros presuntamente utilizó su posición para llevar a cabo los actos irregulares.
El 20 de noviembre de 2024 su contrato CAS indeterminado finalizó luego de que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada le ordenara cumplir 36 meses de prisión preventiva. Para dicho proceso, contrató al abogado Carlos Alvizuri, quien pertenece al bufet del actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez.
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A través de un comunicado, la cartera del Interior precisó que debido a que en la actualidad Ortiz Marreros no cuenta con un vínculo laboral con el Ministerio del Interior, sería legal que el abogado del bufet de Santiváñez cubra su defensa penal.
"Es fundamental señalar que el señor Ortiz Marreros ha contratado a Carlos Alvizuri para que ejerza su defensa legal dentro del proceso penal que se ha instaurado en su contra, por lo que la contratación de dicho abogado corresponde exclusivamente al servidor y no a la entidad", se lee en el documento.
Asimismo, se añade lo establecido en la Ley del Servicio Civil: "Los servidores civiles tienen derecho a contar con la defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín, con cargo a los recursos de la entidad para su defensa en procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y policiales, ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, inclusive como consecuencia de encargos, aun cuando al momento de iniciarse el proceso hubiese concluido la vinculación con la entidad. La defensa y asesoría se otorga a pedido de parte, previa evaluación de la solicitud".
Cabe indicar, que en el oficio se especifica que si al finalizar el proceso se demuestra responsabilidad, el beneficiario deberá reembolsar el costo del asesoramiento y de la defensa.
