El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón , ha solicitado al Gobierno «la exención total de impuestos » para las ayudas a personas y empresas afectadas por las riadas de la DANA del pasado 29 de octubre. Así, ha pedido «IVA Cero» para la reposición y reparación de vehículos, así como para la rehabilitación de viviendas dañadas, además de que las ayudas de las empresas a sus empleados «se declaren exentas» en el caso de que sean consideradas rentas del trabajo. Así lo ha señalado durante su intervención en la XXVII Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en el Palacio de la Magdalena de Santander donde se ha comprometido a participar «con una clara voluntad de escuchar, aportar y enriquecer el proyecto común de España que exige la suma del esfuerzo de todas las administraciones». Tal como había anunciado, el líder autonómico valenciano también ha propuesto al Ejecutivo de Pedro Sánchez un Plan Nacional contra Inundaciones «desde el diálogo, el consenso y la participación y beneficio de todos los españoles» que evite o minimice riadas u otros desastres similares, además de la creación de un Fondo Nacional Extraordinario para Catástrofes . Según ha señalado el presidente, el objetivo de estas propuestas es la puesta en marcha de medidas y políticas para afrontar las catástrofes naturales, atendiendo a la prevención, el refuerzo de sistemas de defensa climática e hidrológica y mejorar la respuesta a situaciones de emergencia en el caso de que se produzcan. Para Mazón, este plan debe incluir las infraestructuras necesarias para hacer frente a los riesgos de las avenidas, la mejora de los sistemas de alerta temprana, avisos, protocolos de protección civil y el fomento de la cultura de la emergencia entre la sociedad. En el caso del Fondo Extraordinario Nacional para Catástrofes, que ha demandado que sea constituido a través de una ley, su fin es evitar el endeudamiento a las administraciones que tengan que afrontar una catástrofe y «permitir inmediatez en la respuesta con la concesión de ayudas, indemnizaciones y fondos de primera necesidad de manera automática». En materia de financiación autonómica, ha vuelto a solicitar un « fondo complementario de nivelación transitorio financiado con recursos del Estado para dejar de estar a la cola de la financiación hasta la reforma del sistema» y ha recordado para qué se destinan estos fondos: «Nos estamos refiriendo a la Sanidad pública, la Educación o los Servicios Sociales». El presidente ha explicado que este fondo de nivelación « garantizaría a los valencianos, alicantinos y castellonenses la misma financiación que la media mientras se consigue la reforma definitiva del modelo de financiación», al tiempo que ha asegurado que el objetivo de recurso es «garantizar la igualdad en la prestación de servicios públicos para todos los ciudadanos, independientemente de donde vivan». Asimismo, ha exigido que la reforma del modelo de financiación sea acordada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) «con luz y taquígrafos, desde el rigor y con la aportación de todos para alcanzar un sistema justo, equitativo y solidario» frente a cesiones para que el Gobierno «pueda encajar el cupo independentista en perjuicio de los demás». Durante su intervención, el jefe del Consell también ha abogado por «mayor cogobernanza en la gestión de Fondos Europeos y respetar la autonomía fiscal de las comunidades autónomas» y ha señalado que en la Comunitat Valenciana «se está demostrando con hechos que bajar impuestos a las rentas medias y bajas forma parte de la mejor política fiscal y contribuye a ayudar a las personas que más lo necesitan». En el ámbito sanitario , ha destacado la necesidad de «un modelo de gestión ante emergencias» que contemple, entre otras acciones, nuevas tecnologías para el control y seguimiento de pacientes, riesgos epidemiológicos y de salud mental, además de exigir más profesionales sanitarios. Al respecto, ha solicitado un incremento adicional «de 1.000 plazas cada año para corregir el déficit de profesionales en los próximos años», sobre todo en especialidades como medicina de familia, pediatría, enfermería y psicología clínica, para atender a los ciudadanos con plenas garantías. Además, ha demandado una financiación adecuada de los pacientes desplazados , «el respeto a la autonomía de las comunidades autónomas en la gestión sanitaria y colaboración público-privada», medidas extraordinarias para que no queden plazas vacantes en las convocatorias MIR , así como el incremento de recursos y programas formativos y la agilización de la homologación de títulos extracomunitarios, entre otras. En materia de vivienda , ha solicitado «unidad de acción» para impulsar un Plan Estatal en este ámbito «que coordine a todos sin enfrentar a nadie, sin imposiciones y que apueste por sumar propuestas». En este sentido, ha abogado por aumentar la disponibilidad de suelo de las Comunidades Autónomas con el perteneciente a la Administración general del Estado, empresas públicas y organismo dependientes, incrementar los incentivos a la promoción y construcción de vivienda protegida, así como las ayudas directas para la adquisición de vivienda y para el alquiler, especialmente para los jóvenes . Del mismo modo, ha solicitado la reincorporación de los programas de rehabilitación y regeneración urbana a las líneas financiadas con Fondos Europeos, la reducción del IVA de la vivienda, además de la modificación de la normativa vigente para luchar de manera más efectiva contra la ocupación. En relación con la inmigración , ha señalado la necesidad de medidas «más contundentes, eficaces y urgentes ». Así, ha apostado por una «política clara» con los países de origen para controlar y frenar los flujos migratorios, el refuerzo de los controles, pruebas de edad ágiles, y la coordinación de los traslados de inmigrantes adultos a la península «desde el acuerdo con los municipios e informando a los Comunidades Autónomas». En este sentido, ha denunciado que la falta de comprobación de la edad provoca que entre los adultos haya menores «que acaban acogidos por los sistemas autonómicos sin tener ni el reconocimiento por parte del Gobierno de España ni poder contar con el pago del coste que supone su atención». El president ha pedido modificar el reparto de menores no acompañados «aplicando criterios que atiendan las circunstancias de cada comunidad autónoma frente al peso poblacional de cada territorio, y que se amplíe el reparto entre los 27 países de la Unión Europea », además de revisar los criterios económicos ya que la diferencia que asume la Comunitat Valenciana entre lo que aporta el Gobierno y el coste de atención «es de 74 euros al día», según ha incidido el president. Igualmente, ha demandado la activación de medidas efectivas para los jóvenes acogidos que cumplen la mayoría de edad con el fin de evitar situaciones de vulnerabilidad o de exclusión, entre otras medidas.
