Desde marzo, seis colaboradores de la líder opositora venezolana María Corina Machado se encuentran refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas acusados de terrorismo. Según el ministro argentino, Gerardo Werthein, se ven sometidos a cortes de agua, del suministro eléctrico, restricciones en la entrada de alimentos y la “constante presencia de fuerzas de seguridad en los alrededores de la sede diplomática”.
Por ello, el canciller trasandino exigió al régimen de Nicolás Maduro que conceda de forma “inmediata” salvoconductos para los opositores.
Marcelo Céspedes, abogado especialista en derecho internacional y profesor de la Universidad Católica Argentina, explicó que desde un marco legal estas acciones significan la “violación a convenciones internacionales de derecho internacional, como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares”.
“En estos tratados, que tanto Argentina como Venezuela han firmado, el Estado receptor se obliga a garantizar la seguridad y la inviolabilidad de los locales o de las misiones consulares diplomáticas. Esto de cortar la electricidad, el agua, internet es una clara violación al derecho internacional.
De acuerdo a Céspedes, el Estado receptor, en este caso Venezuela, “no está obligado a entregar el salvoconducto salvo que alguna Corte Internacional lo exija”. No obstante, subrayó que: “Aquí habría que discutir sobre la calificación del delito por el que se los persigue: una parte sostiene que son perseguidos políticos, y otra parte, Venezuela, dice que son terroristas, delincuentes, que no son perseguidos políticos”.
“El asilo debe entregarse solamente cuando hablamos de delitos políticos, es decir, que se persigue a una persona porque piensa diferente”, explicó.
El abogado especialista en derecho internacional advirtió que si el régimen venezolano decide no entregar los salvoconductos, los refugiados pueden quedarse incluso años en la sede diplomática argentina, como ocurrió con Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres donde estuvo siete años.
Cabe recordar que en otros casos, en los que se ha violado el derecho internacional y las autoridades han decidido entrar por la fuerza a detener a los asilados. Esto ya ocurrió el pasado mes de abril en la Embajada de México en Ecuador, cuando fuerzas policiales entraron a detener al exvicepresidente, Jorge Glas, sentenciado por casos de corrupción.
