La bancada de Perú Libre presentó otro proyecto de ley contra el sistema judicial. Esta vez contra la potestad de los jueces de aplicar control difuso y de convencionalidad sobre las leyes que consideren inconstitucionales.
El proyecto de ley 9676 pretende reformar dos artículos de la Constitución - el 138 y el 202 - para que la decisión de los jueces de aplicar control difuso o de convencionalidad esté sometida primero a la autorización del Tribunal Constitucional (TC). Además, que busca modificar la ley orgánica del Poder Judicial.
"Si al momento de resolver el juez decide aplicar control difuso o convencionalidad, esta decisión debe ser elevado en consulta al Tribunal Constitucional", dice la propuesta de Perú Libre para modificar el artículo 138 de la Constitución.
Pero, además, le otorga al Tribunal Constitucional una nueva atribución en el artículo 202: "Aprobar o desaprobar vía consulta el control difuso y control de convencionalidad".
El autor de esta iniciativa es el parlamentario de Perú Libre, Flavio Cruz. El texto también es firmado por sus colegas de bancada José Balcázar, Kelly Portalatino, Isaac Mita, Américo Gonza y María Taipe.
La República buscó entrevistar al congresista Cruz, pero al cierre de esta nota no respondió nuestras preguntas.
Con esta norma, los jueces deberán esperar que el TC se pronuncie sobre la constitucionalidad de una ley antes de aplicar control difuso o de convencionalidad.
Hay casos importantes en los que los jueces inaplicaron leyes aprobadas por este Congreso debido a que las consideraron inconstitucionales, como la Ley 32108 sobre crimen organizado y la Ley de Impunidad.
El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y su hermano Waldemar Cerrón pidieron al Poder Judicial aplicar la Ley 32108 - que redefine el presunto delito de organización criminal - en el caso Los Dinámicos del Centro. Sin embargo, el juez Jorge Chávez Tamariz inaplicó dicha norma, apelando al control de convencionalidad.
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El mes pasado el juez Richard Concepción Carhuancho también decidió no aplicar esta ley en el caso Waykis en la Sombra, que involucra a Nicanor Boluarte, el prófugo hermano de la presidenta Dina Boluarte. Nicanor es investigado por presunto tráfico de influencias y organización criminal.
Concepción Carhuancho decidió inaplicar la ley citando los principios de control difuso y de convencionalidad, debido a que la Ley 32108 tuvo tantas modificaciones y con ausencia de explicación sobre las motivaciones.
En el Caso Jaime Ayala la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora resolvió no aplicar la ley de impunidad y condenó a 18 años de prisión, como autor mediato, al exjefe del comando político militar de Huanta y La Mar, Alberto Rivero Valdeavellano.
Con la ley cerronista, la aplicación del control difuso y de convencionalidad en estos casos hubiera estado sujeta a lo que determine el TC.
A esta iniciativa de Perú Libre, se suma una que presentó este mes para que el Congreso elija fiscales y jueces supremos.