La fiscal Alika Sukni, de la Fiscalía Regional Centro Norte, comunicó que no abrirá una investigación en contra de la jueza Graciel Muñoz, hija del exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, acusada de una infracción al artículo 193 del Código Penal, es decir, que siendo funcionaria pública cometió una falsedad “faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales”.
En su escrito presentado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la persecutora comunicó la serie de diligencias que le permitió arribar a la decisión de acogerse a la facultad de no iniciar una investigación, detalla La Tercera.
En la indagatoria, Sukni pidió el registro de entradas y salidas del país de la jueza, junto con solicitar al Poder Judicial el sumario a la Corte de San Miguel, así como también el listado de audiencias y resoluciones que dictó Muñoz Tapia durante el periodo cuestionado.
A partir de esos antecedentes, la fiscal afirmó que estos “permitieron establecer que efectivamente entre marzo de 2020 a octubre de 2022 la Magistrada Graciel Muñoz Tapia registra salidas del país con destino a distintos lugares por determinados períodos. Se puede concluir, a su vez, que estando en el extranjero presidió audiencias y dictó resoluciones en una cantidad determinada de casos”.
En el mismo escrito, Sukni sostiene que lo recopilado en su investigación permite “dejar establecido que, a pesar de haber presidido audiencias o dictado resoluciones desde el extranjero, cumplió a cabalidad con la carga laboral que debía asumir, incluso superior a algunos pares de su tribunal”.
“Esta Fiscalía estima que los antecedentes tenidos a la vista permiten descartar la comisión del delito denunciado”, concluyo la fiscal a cargo de la investigación en contra de la hija del exministro del máximo tribunal.
Decisión que la persecutora argumentó sosteniendo que los presuntos delitos no se configuran en este caso, pues no son los magistrados de los tribunales, sino que los funcionarios públicos “de la emisión de documentos públicos o auténticos”.
En esa línea, agrega que dichos documentos -también regulados en la normativa- no corresponden a “actuaciones, sentencias o resoluciones judiciales”.
“La magistrada denunciada ejerció a cabalidad sus funciones, según consta en los antecedentes de la carpeta investigativa, tomando audiencias y resolviendo casos, a veces desde el extranjero, a pesar de que había señalado un domicilio en la comuna de Las Condes para efectos de ejecutar el teletrabajo”, agrega.
Por último, la fiscal Sukni concluye que la conducta de Muñoz Tapia, a juicio del Ministerio Público, “no es reprochable penalmente”, porque la jueza “no ha contravenido las leyes que reglan la sustanciación de los juicios en términos de producir la nulidad en todo o en parte sustancial”.
“No se advierte agravio que pueda haber afectado los derechos de los intervinientes en el hecho de que la asistencia de la magistrada a una audiencia se hubiera hecho desde el extranjero, por cuanto de haberla tomado desde el domicilio señalado en Santiago el resultado en la resolución del caso habría sido el mismo”, agrega.
Luego de la comunicación de la Fiscalía Centro Norte, y a solicitud del ente persecutor, el magistrado Poncio Sallés decidió aprobar la solicitud de no iniciar investigación en contra de la jueza e hija del otrora poderoso ministro de la Corte Suprema.
La denuncia contra Graciel Muñoz había sido interpuesta por la ONG Quiero Vivir sin Violencia y Sin Corrupción, que acusaba falsificación de instrumento público en las actuaciones de la jueza mientras estuvo fuera del país sin autorización.
