Modo espera. Moncloa y Ferraz permanecen atentos a la declaración judicial que marca hoy la agenda política, la del que fuera hombre fuerte del sanchismo: José Luis Ábalos. El todopoderoso secretario de Organización del PSOE cuando Pedro Sánchez recuperó las riendas del partido en 2017 y el ministro con mayor presupuesto a cargo del Estado del Ejecutivo comparece hoy ante el juez de manera voluntaria para tratar de defenderse de las graves acusaciones que le ha dirigido el "nexo corruptor" de la trama Koldo.
En el Gobierno tratan de trasladar "tranquilidad" y muestran su esperanza en que Ábalos "no dispare" al Gabinete, creen que centrará su declaración en defenderse de los informes de la UCO y de las imputaciones de Víctor de Aldama, sin entrar en extender la mancha de la sospecha sobre otros ministerios o administraciones socialistas. En las últimas semanas la actitud de los socialistas ha virado notablemente, de marcar distancias y apuntar a quien fuera la mano derecha de Pedro Sánchez a tratar de exculparle. "Tenemos un enemigo común", defienden fuentes consultadas, fijando la diana sobre Aldama.
De expulsarle del grupo parlamentario, abrirle una auditoría interna en el ministerio y tramitar un expediente que le suspendió cautelarmente de militancia, a dejar en el limbo la expulsión del PSOE y defender públicamente la honestidad del que fuera su secretario de Organización. "Responsabilidad política, toda; pruebas, ninguna", dicen en Moncloa, asegurando que Aldama "no ha presentado ni un recibí" de todas las acusaciones de corrupción que imputa al que fuera titular de Transportes.
Ahora la línea de defensa del Gobierno, se hace extensible también a Ábalos, y consiste en sostener que no se ha demostrado ninguna ilegalidad y tratar de desmontar los contratos a los que ha apuntado como irregulares. En esta línea trabaja ya el actual titular de Transportes, Óscar Puente, que publicó un hilo de Twitter en el que desgranaba cada uno de los documentos en cuestión. "Es ciencia ficción", señala un ministro del Gabinete, que apunta que más allá de las comisiones, el "nexo corruptor" tendrá que demostrar "que hay contratos amañados". "El contrato de las mascarillas es legal", señalan. En Moncloa trasladan que han hablado "poco" con el que fuera ministro de Transportes, porque él "está enfadado".
