LA revelación por parte de ABC de que el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha gastado cantidades importantes de sus fondos en actividades de promoción artística ajenas a su objeto fundacional, obliga a una reflexión a fondo sobre lo que se está haciendo con el dinero público en España. Produce escándalo e indignación constatar que esta fundación del sector público estatal ha destinado desde 2018 casi un millón de euros a constituir el patrimonio de CNIO Arte y a contratar personal especializado para gestionarlo, cuando todos los días hay informaciones que describen la precariedad y la penuria en que se desempeñan los científicos y los becarios de investigación, por no mencionar la fuga continua de cerebros hacia países que gestionan sus recursos destinados a la ciencia con mayor eficacia. Las denuncias del comité de empresa del organismo, llamando la atención sobre «la existencia de actividades que no son acordes al fin fundacional de CNIO y que además no incrementan su imagen como centro de investigación del cáncer», tienen que ser atendidas por parte de la ministra Diana Morant, responsable última de este centro. Morant debería corregir la errónea deriva implantada por la directora del CNIO, quien considera que estas actividades fortalecen su dimensión filantrópica. El sentido común parece indicar todo lo contrario, como subraya la representación de los trabajadores. Más aún cuando ahora se conoce que el organismo ha financiado una serie de viajes por todo el mundo para llevar sus obras de arte en itinerancia por centros en Nueva York, Washington y Chicago, pero también a destinos más exóticos como Mozambique o el Ártico, según reconoce el propio CNIO en su portal de transparencia. A primera vista parece más el programa de actividades de un club privado que de una fundación estatal que debe recaudar fondos para acelerar la investigación en torno a una de las enfermedades cuya cura más se ha resistido a la ciencia. La dirección del organismo afirma que no se ha utilizado dinero público en CNIO Arte porque el proyecto se ha financiado con fondos aportados por los patronos, una explicación que resulta cuando menos sorprendente viniendo de una fundación pública cuyas aportaciones reciben un tratamiento fiscal especial y donde lo que define la naturaleza del dinero no es su procedencia (los impuestos también vienen del sector privado) sino quien lo recauda y lo gasta. Destinar casi un millón de euros a la compra y promoción de obras de arte y a viajes para su difusión no es lo propio de una fundación pública creada para la investigación del cáncer. Son los estatutos del CNIO, y no la voluntad arbitraria de sus patronos, los que ordenan a qué fines deben aplicarse los fondos recaudados por esta institución. El incumplimiento de esta obligación de atender los fines fundacionales puede ser causa, según la Ley de Fundaciones, de responsabilidad patrimonial directa de los patronos que hayan autorizado esos gastos, incluso de un delito administración desleal, agravado por la cuantía de los fondos indebidamente dispuestos. Cuando se constata la liberalidad con que desde el sector público se gastan los recursos que nos cuesta tanto reunir se entiende mejor que muchos gobiernos (últimamente el de Trump y el de Javier Milei) estén poniendo en marcha revisiones profundas del gasto público. En el caso del CNIO, los beneficiados por este programa deberían, al menos, retornar los fondos.
