El operativo desarrollado en contra de diversos locales ubicados en Izazaga de la Ciudad de México, por el que se decomisaron miles de productos ilegales, representa el regreso del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a la ejecución de una de sus principales funciones.
Un primer aspecto que destaca es la participación de múltiples autoridades en el operativo, desde las sustanciales como la FGR y la Secretaría de Hacienda, hasta otras que otorgaron el necesario apoyo policíaco como la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina. Está coordinación de autoridades, por sí sola, es una buena noticia, ya que se trata de delitos que para su comisión suelen implicar una serie de conductas ilícitas como el contrabando y la evasión de impuestos. En casos más serios, como tabaco, bebidas alcohólicas o medicamentos, los temas pasan por la intervención de Cofepris, por tratarse de productos sanitarios regulados.
Hay que recordar que, en el pasado, fue creada una Comisión Intersecretarial para tratar de dotar la colaboración para este tipo de intervención de herramientas y marco normativo. Lamentablemente, esa comisión no prosperó, diluyéndose en una simple referencia académica. Con este operativo se demuestra que no se requieren de ese tipo de estructuras, sino que basta la capacidad de convocatoria y coordinación del IMPI para lograr el objetivo.
El aseguramiento de mercancías apócrifas debe entenderse en el relevante contexto que marca la próxima revisión del T-MEC con nuestros socios del norte. Es necesario recordar que México se encuentra en la lista de vigilancia 301, que pone alertas en los países que EU estima incurren en bajos niveles de observancia en materia de derechos de autor, marcas y patentes. Es este un mensaje claro de que la postura del Gobierno Federal ha mutado, lo que deberá tener continuidad para que logre efectos en el mercado. De hecho, el problema no es solo de productos de origen chino que han invadido calles y plazas de diversas ciudades de la República, sino que existen grandes grupos criminales que desde hace por lo menos una década importan, producen, distribuyen y comercializan bienes ilegales en todas sus formas, trátese de productos contrabandeados, falsificados, robados, adulterados, etcétera.
Eliminar los circuitos criminales creados para la distribución de estos bienes, luego de los años de actitud pasiva y tolerante de las autoridades, requiere de apoyos en todos los niveles. Uno de los más relevantes consiste en que los titulares de marcas registradas y derechos de autor, que son objeto de copia, puedan brindar, presentando las denuncias que proceda, a fin de estimular la cadena de aplicación de la ley.
A partir de este punto, será necesario reactivar muchas de las herramientas y programas que en el pasado se diseñaron y que mostraron eficacia, y diseñar nuevas estrategias para luchar contra este colosal enemigo, entendiendo que piratería e informalidad son dos caras de la misma moneda. Aun y cuando puedan existir dudas sobre la eficacia del sistema, es necesario apostar a favor de la cultura de la legalidad, si estamos siendo convocados a ello.
