Madrid. El Gobierno español presentó el martes un proyecto de ley destinado a combatir la fuga de empresas en el sector industrial, en particular de aquellas que hayan recibido ayudas públicas.
El proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, aprobado en el Consejo de Ministros, prevé “que cualquier empresa que quiera finalizar su actividad industrial en nuestro país, tenga que anunciarlo con nueve meses de antelación al Gobierno”.
En el caso de que estas empresas hayan “recibido ayudas públicas superiores a tres millones de euros”, tendrán que “devolverlas si reducen en más de un 65% su producción o en 500 personas o más su plantilla”, precisó el Gobierno en un comunicado.
El objetivo es proteger el tejido industrial español, con “medidas de devolución de ayudas públicas, una vez agotadas todas las líneas de diálogo con las empresas”, explicó en rueda de prensa el ministro de Industria, Jordi Hereu.
Este proyecto era defendido en particular por la plataforma de extrema izquierda Sumar, aliada de los socialistas dentro del gobierno de Pedro Sánchez. Con esta medida, “frenamos las deslocalizaciones, protegemos el empleo y el futuro de nuestro país”, se congratuló Sumar en sus redes sociales.
Este proyecto de ley será debatido en el Congreso de los diputados, donde el Gobierno no tiene mayoría y para aprobarlo debe negociar el apoyo de varios partidos regionales, algunos de ellos, como el independentista catalán Junts per Catalunya, conocidos por su cercanía al mundo empresarial.
La economía española, la cuarta de la zona euro, está orientada en gran medida hacia los servicios, especialmente el sector turístico. Pero el país todavía tiene poderosos sectores industriales, particularmente el automotriz y de la energía.
