El proceso ante la Corte Penal Internacional, es decir, la investigación que le corresponde hacer al fiscal, para encausar a los responsables de los crímenes que se han cometido en Venezuela desde 2014, continúa pese a las tácticas dilatorias y los obstáculos que el régimen intenta permanentemente.
Si bien se ha avanzado en la evaluación de las pruebas, como lo ha señalado la misma Fiscalía, para poder armar bien las acusaciones que deberá presentar ante la Sala de Cuestiones Preliminares, es claro que ha habido un lamentable retardo que no sólo crea frustración en las víctimas, sino que envalentona al régimen para continuar sus crímenes, es decir, para seguir torturando, persiguiendo, ejecutando y desapareciendo opositores, dejando de lado su función preventiva para lo cual fue también creada.
En su última intervención ante la Asamblea de Estados Partes, el fiscal de la Corte se refirió a Venezuela y destacó la violencia ejercida desde el Estado en contra de los opositores, más en contra de aquellos que estuvieron presentes en defensa de la democracia y de la libertad en las mesas electorales el 28J, como testigos de la oposición. Aceptó el fiscal la detención de niños, un crimen de lesa humanidad aberrante, al que la Corte y las instancias internacionales de derechos humanos prestan especial atención.
Pero, también se refirió nuevamente a la complementariedad que constituye, como sabemos, el principio fundamental en el que se basa la jurisdicción de la Corte. Es de recordar a este respecto que es al Estado al que corresponde primordialmente investigar los crímenes y procesar y castigar a los responsables de los mismos. Y a la Corte le corresponde, a su vez, antes de poder ejercer su jurisdicción complementaria, cooperar con el Estado, para que pueda cumplir con sus obligaciones en la lucha contra la impunidad por estos crímenes.
Ahora bien y esto es criticable, el fiscal sabe perfectamente, tal como ha sido comprobado, que en Venezuela no hay poder judicial independiente, que no hay órganos de justicia que no dependan del régimen y que además no hay voluntad para hacer justicia. Es imposible ver al fiscal del terror Tarek William Saab acusar a Maduro, a Padrino o a los generales jefes de las oficinas de tortura del régimen. Igualmente grave para cumplir con esta “responsabilidad primordial” que no hay legislación nacional que permita dar cumplimiento al principio de legalidad, por lo que en resumen, es imposible, que en el país se pueda procesar a los mas altos representantes del régimen, a la cadena de mando, identificada claramente en informe de órganos internacionales muy serios, comenzando por Maduro, quien es el jefe del Estado y es quien dirige, como lo hemos visto en distintos actos públicos, la violencia del Estado, de sus aparatos de seguridad y de persecución, el terrorismo de Estado que pretende acabar con la dignidad y la integridad física y mental de los venezolanos.
El régimen no sólo insiste en que pueden actuar y llevar a la justicia, a los presuntos responsables y que lo están haciendo, investigando y procesando, sino que además de premiar los responsables y promoverlos en sus “carreras criminales”, siguen cometiendo crímenes en contra de un grupo de la sociedad civil venezolana, los opositores, siendo el asedio a la embajada de Argentina y la persecución de los seis dignos dirigentes opositores acusados de cuanto crimen les ha pasado por la mente, una muestra clara de la perversión y del cinismo del régimen, a lo que se podrían agregar las últimas leyes y anuncios que han publicado para intimidar, perseguir y callar a los venezolanos, leyes que contrarían todas las normas de protección de los derechos humanos.
El fiscal de la Corte no puede hacer otra cosa y lo sabe, aunque el régimen intente obstaculizar aún más el proceso. Los crímenes son claros, la sistematicidad esta igualmente a la vista. Hay una política de Estado anunciada públicamente, una torpeza que les va a costar desmontar en los procesos que pronto se abrirán con nombre y apellido.
La Fiscalía solicitará a la Sala de Cuestiones Preliminares las medidas necesarias para el encausamiento de la cadena de mando, en particular, órdenes de comparecencia y autos de detención o de arresto si es necesario, para asegurar la presencia de los presuntos autores en La Haya. Y la Sala tendría que acordarlos, pues no hay excusas para proceder distintamente. Esto responde al espíritu del Estatuto y la decisión de la comunidad internacional de combatir la impunidad por la comisión de crímenes internacionales, entre los cuales, los de lesa humanidad.
Las víctimas, la sociedad civil en general, todos confiamos en la justicia internacional penal, en la Corte como institución creada tras esfuerzos enormes durante décadas y en la Fiscalía como el órgano de la Corte en cuyas manos está el proceso, hasta que acciones u omisiones prolongadas e injustificadas en perjuicio de la justicia empañen su actuación y dejen dudas en cuanto a su imparcialidad, independencia y eficacia.
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