Salvador Viada ha comparecido como testigo ante el magistrado del Supremo que investiga al fiscal general para reconocer que ni siquiera sabe qué teléfono estaba examinando durante el registro después de que una de las acusaciones afirmara que estaba manipulando "una prueba crucial del delito"
El juez del Supremo ignoró un acta que descartaba que García Ortiz hubiese manipulado su móvil durante el registro
De estar manipulando una “prueba crucial” del caso a algo que “no tiene ninguna importancia”. El fiscal del Tribunal Supremo, Salvador Viada, ha comparecido este martes como testigo durante algo más de media hora ante el juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general por revelación de secretos. Una declaración que giraba en torno a las afirmaciones de Viada y su asociación de haber visto a Álvaro García Ortiz manipular un teléfono móvil durante los registros de la Guardia Civil el pasado mes de octubre. Hoy en el Supremo, obligado a decir la verdad, Viada ha reconocido que no sabe “qué miraban, de quién era el teléfono”, ha reconocido que incluso había guardias civiles delante y se ha limitado a afear que el fiscal general estuviera hablando con la fiscal del caso durante un registro: “Un fiscal no hace eso”.
Se trata de una ramificación del caso abierta a raíz de un escrito en el que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), presidida por Viada hasta hace un año, afirmaba que contaban con un testimonio de una posible irregularidad durante los registros del 30 de octubre: Álvaro García Ortiz había sido visto hablando durante los registros en el patio central de la Fiscalía manipulando un teléfono móvil, cuando la diligencia de la UCO se centraba precisamente en intervenir sus mensajes y correos de sus dispositivos electrónicos.
La APIF pidió al juez que tomara cartas en el asunto: habían sido vistos “revisando un móvil aparentemente perteneciente al investigado” en un “singular e insólito encuentro”. Para la APIF, es “inconcebible” que la fiscal del caso se “reúna” con el investigado y “examinen juntos” lo que definió como “una prueba crucial del delito”. Pidieron la testifical de Viada, quien presenció la escena, y pidieron al juez que recabara las imágenes de las cámaras de seguridad que graban ese patio.
El juez hizo caso a la APIF y pidió conservar esas imágenes para descubrir, pocas horas más tarde, que esas cámaras de seguridad ni siquiera existen. También comprobó que, según consta en el acta firmada por la Letrada de la Administración de Justicia de la Sala, para cuando ocurrió ese encuentro la Unidad Central Operativa ya había terminado de examinar el teléfono del fiscal general. Y finalmente llamó a testificar al fiscal Viada que hoy ha rebajado notablemente las sospechas deslizadas por la asociación a la que representa en el Consejo Fiscal.
“Me llamó la atención el contexto más que el hecho mismo. Eso no tiene ninguna importancia, yo no puedo saber qué miraban, de quién era el teléfono ni ningún detalle por el estilo”, ha dicho a las puertas del Supremo donde ejerce como fiscal. Ha llegado a reconocer que en ese momento, incluso, había agentes de la Guardia Civil delante: “La UCO no son idiotas, cuando veo eso estoy pensando que les han devuelto el teléfono, esto pasa delante de los agentes de la UCO. Yo no pienso que estén borrando cosas, pienso que están mirando. Estoy seguro de que ya les han devuelto el teléfono”, ha dicho, una serie de detalles que no trasladó la acusación popular cuando instó varias diligencias al respecto.
Después de reconocer que no atribuye “ninguna relevancia” a lo que García Ortiz y su número dos pudieran estar haciendo con un teléfono móvil, Viada ha centrado su crítica en que el fiscal general estuviera hablando con la fiscal encargada del caso. “Un fiscal no hace eso, no habla con el investigado en medio de la diligencia”.
La causa que instruye el juez Hurtado en el Tribunal Supremo gira en torno a la publicación el pasado mes de marzo de un correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador reconocía haber defraudado 350.000 euros a cambio de pactar con la Fiscalía una condena testimonial de cárcel que le permitiera evitar la prisión. El Supremo mantiene imputados tanto al fiscal general como a la fiscal provincial de Madrid a la espera de una diligencia clave en el caso: que la Guardia Civil termine de analizar los emails y mensajes que intervino en el teléfono y el ordenador de Álvaro García Ortiz durante los registros de finales de octubre.
Los primeros testigos en comparecer en estas diligencias no están relacionados con el objeto principal del caso: la supuesta filtración de los correos por parte de la Fiscalía. Unos días antes de que Salvador Viada compareciera en el Supremo declaró también como testigo Juan Lobato, exsecretario general del PSOE en Madrid, para explicar por qué tenía ese correo en la mañana del 14 de marzo, media hora antes de que lo publicaran los medios de comunicación.
El juez, mientras espera un segundo informe de la UCO sobre el material intervenido al fiscal general, ha señalado varias testificales para el próximo mes de enero. La de ocho periodistas de distintos medios que publicaron esos correos o su contenido, pero también la de Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.
