El líder del sector expulsó a tres cargos electos, que habían formado parte de otra lista en el pasado Congreso, lo que ha motivado denuncias internas sobre una purga "unilateral" y también en los tribunales
Un juez condena a una federación de UGT por usar un ERE para “liquidar” a rivales en una elecciones internas en Galicia
El sector marítimo portuario de UGT vive en estos días la renovación de su dirección mientras enfrenta la batalla interna de la última Ejecutiva, que se votó a finales de 2021, y que ha terminado en los tribunales. Esta se saldó con los ceses fulminantes de tres cargos electos por parte del líder del sector, José Ramón Piñeiro. Los apartados, José Miguel Lubián, Sonia Jiménez y Juan José García, habían encabezado una lista competidora que convergió a última hora en una conjunta. Jiménez, la única mujer de la dirección, denunció ante la justicia y, recientemente, el caso se ha remitido a la Audiencia Nacional.
Los hechos se remontan a las últimas elecciones internas. En el Congreso convergieron dos listas dispuestas a dirigir el sector marítimo portuario, una encabezada por Piñeiro y otra liderada por Lubián, en una sola y se eligió la Ejecutiva del sector a nivel nacional. José Ramón Piñeiro fue elegido líder del sector (secretario sectorial federal), mientras que José Miguel Lubián ostentó el cargo de vicesecretario federal, con el reparto de funciones para el resto de sus candidatos. Sonia Jiménez fue elegida responsable de Igualdad y Juan José Gacía, de Formación.
Sin embargo, “muy pronto empezaron los conflictos entre las dos facciones”, afirma Sonia Jiménez a este medio. En enero de 2023 tiene lugar una de estas discusiones, a propósito de una ampliación de delegados del sector marítimo portuario (de 40 a 41) que quería aprobar José Ramón Piñeiro, explican a este medio Sonia Jiménez y José Miguel Lubián.
Los tres cargos cesados pidieron explicaciones a Piñeiro sobre esta ampliación, de la que habían recibido quejas por parte de varias personas del sector, y que consideraban que no respetaba la normativa interna, como los Estatutos de la Federación de la que forman parte, la de Servicios Movilidad y Consumo (FeSMC de UGT).
En la discusión por este tema, “Piñeiro me dijo: 'Y tú te callas la boca que no sabes el charco tan grande en el que te estás metiendo”, sostiene Sonia Jiménez, lo que motivó que las tres personas cesadas –Lubián, Jiménez y García– abandonaran la reunión. “Esto no nos lo dijo a los dos miembros masculinos de la Dirección Sectorial que discrepábamos al igual que la compañera, ¿los dos sí sabíamos en qué charco nos estábamos metiendo y la única mujer de la citada Dirección no?”, critica Lubián.
“Hay un estado de omertá dentro del propio sindicato, que abandera la igualdad de derechos a boca llena, pero es mentira. Sufrimos un machismo recalcitrante dentro, estamos porque nos necesitan para las listas cremallera de las candidaturas que obligan sus propios estatutos y para trabajar”, denuncia Sonia Jiménez, que matiza que no quiere “manchar el nombre de UGT”, pero también que hay personas que no respetan los valores del sindicato.
Al día siguiente al conflicto por el número de delegados, el 12 de enero de 2023, los tres miembros de la dirección fueron apartados de sus cargos de manera unilateral por el líder del sector, que en una carta les comunicó que habían incurrido en una “dejación grave” de sus funciones por no asistir al Comité en el que se iba a apoyar la ampliación de delegados, “de forma organizada”, para intentar forzar una “falta de quorum”.
Sonia Jiménez y José Miguel Lubián recurrieron de manera interna la decisión, más allá de su rechazo de los motivos, porque consideran que no respeta “la democracia interna” del sindicato. Al ser cargos electos, insisten en que sus ceses debían ser sometidos a votación en un Comité Extraordinario en el sector marítimo portuario.
Sonia Jiménez, “ante la indefensión” a nivel interno, acudió en verano de 2023 a los tribunales, donde presentó una demanda contra los responsables de su sector, José Ramón Piñeiro y Miguel Diego Carrera (Organización), así como contra la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT y su líder, Antonio Oviedo, por considerar que no han atendido a sus reclamaciones internas ni velado por la legalidad interna de la organización.
“Advertí de que antes de que pasaran cuatro semanas se tenía que haber propuesto por mi Ejecutiva la separación de nuestros cargos y se tenía que ratificar en un comité extraordinario. Ese era mi interés y hubiera aceptado esa decisión democrática. Pero Piñeiro tomó la decisión unilateralmente, como si fuera el CEO de una empresa y esa decisión está mal tomada”, sostiene Sonia Jiménez, que es delegada de UGT, miembro del comité de empresa de la Autoridad Portuaria de Málaga.
En la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT, el departamento jurídico rechaza responder a preguntas concretas sobre si debía haberse realizado esta votación y cómo se produjeron los ceses, por tratarse de un conflicto judicializado. No obstante, apuntan que “las observaciones” de la otra parte “son desacertadas”: “Podemos afirmar sin ningún género de dudas que todo el proceso está rigurosamente ajustado a derecho, siendo la versión de la demandante una interpretación interesada, que nosotros respetamos, pero que no compartimos”. Indican además que “la actora no ha sido privada de su actividad sindical”, aunque fue apartada como responsable de Igualdad en el sector.
“Están acostumbrados a cortar cabezas, en el argot del sindicato, y a que no pase nada, pero he visto cómo se han pisoteado mis derechos fundamentales, a la libertad sindical, y lo quiero denunciar públicamente”, sostiene Sonia Jiménez, que subraya la importancia de su labor “sacando adelante planes de Igualdad y defendiendo a las trabajadoras en un mundo supermachista, con muchos atropellos laborales”. En la demanda reclama 60.000 euros de indemnización por vulneración de derechos fundamentales.
Tras un primer intento en los juzgados de lo Social de Málaga y de Madrid, a finales de octubre el juzgado “dio traslado a la Audiencia Nacional”, explica Jiménez, por lo que teme que le toque esperar “otro año más” a que se resuelva su denuncia y ha decidido denunciarlo públicamente. Entre este martes 10 y el jueves 12, su sector y el resto de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) celebra su Congreso interno en Benidorm.
Sonia Jiménez y José Miguel Lubián insisten a elDiario.es en que sus denuncias por los cauces del sindicato que deben velar por el cumplimiento de la democracia interna y de las normas de UGT no han sido atendidas. Presentaron una denuncia ante la Comisión de Código Ético, que dio traslado a la Comisión de Garantías Federal, como órgano responsable de analizar su queja.
Ambos denunciaron a la Comisión de Garantías de la FeSMC, que les derivó a la Confederal (el órgano a nivel estatal de todo el sindicato). Este resolvió en mayo de 2023 –de nuevo– que era un conflicto que debía de analizar la Comisión de Garantías de la Federación en cuestión. De la FeSMC.
“De la Comisión de Garantías de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo UGT no se ha obtenido respuesta alguna”, responde José Miguel Lubián. Sonia Jiménez insiste en que ha pasado más de un año, “va camino de dos”, por lo que subraya la falta de “amparo” que ha sufrido a nivel interno.
Desde la Federación remiten unas declaraciones de José Ramón Piñeiro, como líder del Sector Marítimo-Portuario y también miembro de la Ejecutiva de FeSMC-UGT, en la que insiste en la “prudencia” ante un procedimiento judicial en marcha. “En todo caso, sí podemos asegurar que la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) ha sido rigurosa en el cumplimiento y aplicación de sus Estatutos y de la normativa interna de nuestra Organización en una situación de pérdida de confianza de los órganos de dirección hacia la compañera demandante, por dejación de sus funciones en el ámbito de responsabilidad que tenía asignada y de la que era competente”, indican.
Sobre los ceses de José Miguel Lubián, presidente del Comité de Empresa de Puertos del Estado, y Juan José García, que ostenta un cargo electo en Salvamento Marítimo, en el sector y la federación no se pronuncian. Juan José García ha declinado hacer declaraciones sobre este conflicto.
“FeSMC-UGT ha actuado de buena fe, en interés de sus afiliados/as y delegados/as, tomando sus decisiones en coherencia con los principios de transparencia y democracia interna que forman parte del ADN de este Sindicato y que protegen los derechos y deberes de sus integrantes y de la propia Organización”, concluye José Ramón Piñeiro en su respuesta escrita a este medio.
