El ministerio de Gobierno de Ecuador informó este lunes que solicitó a la cancillería tramitar ante México, con el que tiene una relación tensa, la cancelación del refugio otorgado al exministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís, acusado de corrupción.
Solís, quien también dirigió la Secretaría del Agua, tiene en Quito una orden de prisión preventiva por el caso denominado "Reconstrucción de Manabí".
En el caso también está salpicado el exvicepresidente Jorge Glas, quien está en medio de una disputa entre Ecuador y México luego de que la policía irrumpiera en la embajada mexicana en abril para arrestarlo, pese a que se le había otorgado asilo político.
El exministro también fue condenado a ocho años de cárcel por el caso "Sobornos", en el que también fue sentenciado en ausencia el expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017) y determinó que funcionarios públicos recibieron coimas a cambio de entregar contratos. Solís además tiene otra condena de ocho años por peculado.
"Los delitos por los cuales fue condenado y ahora procesado fueron cometidos con anterioridad a la concesión del estatus de refugiado, por tanto, según el derecho internacional, la solicitud presentada por Solís en los Estados Unidos Mexicanos carece de fundamentos", señaló el ministerio de Gobierno en un comunicado.
Agregó que el exfuncionario "debe enfrentar las consecuencias legales de sus actos, rendir cuentas ante la justicia, la ciudadanía ecuatoriana y la comunidad internacional".
En noviembre, Solís fue detenido temporalmente en México, pero las autoridades lo liberaron. Entonces, la cancillería mexicana señaló que el exministro "mantiene su libertad y mantiene el estatus de refugiado (...) que le otorga el derecho a recibir protección y a permanecer como residente en nuestro país".
Solís alega en su defensa que las acusaciones tienen motivaciones políticas.
México rompió relaciones con Ecuador luego de que la noche del 5 de abril un comando policial irrumpiera en su embajada en Quito para detener a Glas, quien se encontraba en calidad de asilado.
El gobierno ecuatoriano desconoce su asilo político y sostiene que la detención fue legítima pues el exvicepresidente fue condenado por delitos comunes.
A raíz de la incursión en la embajada, México demandó a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y sacó a su personal de ese país. También delegó a Suiza su representación diplomática en Quito.
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