El mes de julio pasado, al abandonar los gobiernos regionales que había impulsado junto al Partido Popular tras las elecciones del 28-M de 2023, Vox anunciaba a los cuatro puntos cardinales que renunciaba a ser considerado un partido de Estado y que prefería intentar prosperar al margen de las instituciones que tienen poder ejecutivo. En ese momento, el partido de Santiago Abascal utilizó como argumento el reparto de los menores inmigrantes no acompañados que desbordaban las capacidades de Canarias como la piedra de toque que le llevaba a romper con los populares. La decisión coincidió con el realineamiento de las tres grandes familias de la extrema derecha europea tras las elecciones de junio y Vox se alejó de la línea pragmática y posibilista de la italiana Giorgia Meloni, abandonó el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, y acabó fijando su domicilio político en el grupo Patriotas por Europa, liderado por Viktor Orbán y Joan Bardella, el delfín de Marine Le Pen. Si alguien pensaba que el rechazo a los menores inmigrantes era una cuestión incidental que Vox usaba como un gesto gratuito para situarse en un terreno más favorable para sus expectativas electorales, se quedó corto. La integración en Patriotas ha reforzado la dureza de su discurso antiinmigrante. Como contamos hoy, ya no se trata de no acoger a estos menores, sino de diseñar una política para expulsarlos y devolverlos a sus países. Este atrincheramiento se produce coincidiendo con el vaciamiento del ideario liberal que sostenía la fracción del partido que llevaba los asuntos económicos. La acumulación de menores no acompañados en Canarias es un problema grave. En un sólo mes han llegado más de mil de ellos, totalizando 5.699 en lo que va de año. Para alcanzar un acuerdo sobre su distribución por el territorio con el PSOE, el PP ha exigido que se concreten las condiciones de su reparto, que se reclame la presencia de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), que se envíe a algunos de ellos a otros Estados de la UE y, sobre todo, que el Gobierno se comprometa a aportar los fondos económicos para acogerlos. Pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez arrastra los pies, conocedor de que este asunto divide a la derecha. De hecho, los principales opositores a ese reparto forzoso son los separatistas de la derecha catalana de Junts y Vox. Si en julio parecía una exageración abandonar los gobiernos regionales por este asunto, la situación ha avanzado hasta el punto de que Vox amenaza ahora con bloquear los presupuestos en las comunidades autónomas que conquistaron en 2023, lo que en la práctica significa que pasarían a ser oposición al PP. Una oposición no menos funcional que la que puede representar la izquierda, y que se viene a materializar en un momento de gran debilidad de Pedro Sánchez, cuando hace sólo tres días éste le ha puesto como tarea a su partido recobrar esos territorios perdidos el año pasado. La reflexión que se tiene que hacer Vox ahora es si merece la pena hacer valer sus teóricos principios sobre un tema como la inmigración –asunto que no ha sido resuelto idealmente por nadie– frente a la posibilidad real de formar parte de la alternativa más razonable a un gobierno Frankenstein. Cabe una duda razonable de que compartan la gravedad de lo que está sucediendo en el país. Puede ser que a Vox le beneficie electoralmente su agitación en torno a los menas, pero a la que no le favorece es a España que tiene un problema en Canarias que se está pudriendo a la vista de todos.
